Al poco tiempo ya de asumir las riendas de San Caetano, durante el proceso de elaboración de los presupuestos, en las consultas con los agentes sociales y, especialmente, en la recta final de la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica, el presidente de la Xunta avisaba de las dificultades para preparar las cuentas de 2010 para la comunidad ante la caída en picado de la recaudación propia por la crisis.

Lejos de poder autoabastecerse, la caja gallega es cada vez más dependiente del traspaso de fondos del Gobierno central. Su parte del IRPF, el IVA, los impuestos cedidos totalmente y las partidas complementarias ligadas al modelo de financiación suponían en 2007 alrededor de un 66% de todos los ingresos no financieros –la principal partida en las arcas–, un porcentaje que el próximo ejercicio se dispara hasta el 75%, por encima de los 7.200 millones de euros.

Los tributos propios y el resto de recursos de los que dispone la Xunta para recaudar tienen mucho menos peso. Unos 80 millones en el primer caso y 197,5 en el segundo. El capítulo se completa, según el proyecto de presupuestos, con los 448,3 millones que aporta la UE; más de 900 procedentes de otras administraciones públicas; y 801 millones por la participación de los concellos en los impuestos estatales.

No hay ningún capítulo que salga de los números rojos en comparación con ejercicios anteriores por lo que la Consellería de Facenda bautiza como "brusca inflexión del ciclo económico" que Galicia y el resto de España arrastran desde 2008 y que en 2009 está suponiendo todo un tiro de gracia en la recaudación. Pero si hay una de las tasas con un comportamiento especialmente malo es la que grava las transmisiones patrimoniales, muy vinculada al mercado inmobiliario porque se aplica, entre otras cosas, a las operaciones de compraventa. Su aportación en 2010 serán 317 millones de euros, dos tercios menos que en 2006, con lo que retrocedió, según el departamento que dirige Marta Fernández Currás, "a los niveles de recaudación de hace diez años".

Hasta el freno a la convocatoria pública de empleo incide en las cuentas. Las tasas por servicios administrativos vinculadas a convocatorias de selección de personal representarán poco más de un millón de euros: 50.000 euros en el caso de la inscripción para optar a la Consellería de Facenda y un millón para la de Educación.

En total, a manos del Gobierno gallego llegarán el año que viene 11.371 millones. Precisamente la drástica reducción de los ingresos propios y también de los fondos estatales –tres de las patas en las que se asienta el modelo de financiación son el IRPF, el IVA y los Impuestos Espaciales, con recortes históricos en la recaudación– obliga a la Xunta a tirar al máximo del endeudamiento. Con los préstamos ya recibidos y las nuevas emisiones de deuda previstas se alcanzarán los 2.000 millones de euros.

Es decir, casi dos de cada diez euros de los que dispondrá en los próximos meses la Xunta vendrán de deuda pública. La otra cara de la fórmula de financiación con recursos externos está en el coste que tiene para la Administración autonómica. El capítulo de gastos de los presupuestos refleja un desembolso de 672,5 millones de euros para, por un lado, pagar intereses y emitir los bonos (156,5 millones), y, por otro, amortizar la deuda ya existente de otros años (515,9).