Los promotores gallegos calculan que sólo dos de cada diez viviendas libres en venta en Galicia podrán comercializarse con los precios y condiciones que establece el régimen de protección oficial “de un modo rentable para la patronal y justo desde el punto de vista financiero para los compradores”. La conversión de pisos libres en protegidos para aliviar la paralización de la compra-venta de inmuebles, una propuesta que la Xunta acaba de hacer realidad, sólo será viable, según los promotores, en núcleos no urbanos, “donde el precio de la vivienda libre y protegida sean similares, pero con la diferencia de que los compradores recibirán subvenciones para adquirir la de protección oficial”.

En Galicia hay 20.000 viviendas libres terminadas pero sin dueño ni candidatos debido a la coyuntura económica actual y, en parte, a la paralización en la concesión de créditos a particulares por parte de las entidades bancarias. Ante la necesidad de dar salida a los inmuebles nuevos vacíos, como medida de reactivación socioeconómica en la comunidad, la Xunta acaba de aprobar un decreto que permite convertir la vivienda libre en protegida para facilitar su venta. Los promotores han recibido “con cautela” la proposición que ellos mismos solicitaron en su día a la Administración autonómica, en un momento en que temían no poder dar salida a todo el sotckaje de viviendas en construcción. La petición se ha cumplido a través del decreto que regulará el Plan de Vivenda 2009-2012, financiado por la Administración gallega y el Estado: serán 600 millones en ayudas con las que la Xunta espera llegar a más de 50.000 familias. Los candidatos a comprar vivienda tendrán ayudas: entre 7.000 y 10.000 euros para las rentas inferiores a 4,5 veces el Iprem (7.381 euros anuales). Pero, ¿hasta qué punto están dispuestos los promotores a ceder sus viviendas libres, con el correspondiente coste de suelo y obra, para venderlas como protegidas?

El precio del suelo

Las viviendas de las ciudades gallegas y las de “segunda residencia”, ubicadas mayoritariamente en zonas costeras, tienen muy pocas probabilidades, por no decir ninguna, de acogerse al plan de la Xunta para incentivar el mercado y rebajar el stock de vivienda sin vender en Galicia.

“Hacemos una valoración positiva del plan, conscientes de que será rentable en función de las zonas. Según nuestras previsiones, el proyecto será viable en inmuebles ubicados en núcleos no urbanos o pueblos (por ejemplo, Narón, Silleda o Gondomar), lo que puede suponer unas 4.000 viviendas, si hacemos una aproximación inicial. No obstante, para los grandes promotores con pisos sin vender en las ciudades gallegas no sería rentable porque perderían demasiado dinero”, argumenta Javier Garrido, presidente de la Federación de Promotores de Galicia. La patronal no está dispuesta a perder parte de lo invertido en su momento en el suelo y la construcción de vivienda libre, de ahí que sólo los pisos de coste bajo-medio sean susceptibles de acogerse al plan de la Xunta para encontrar un propietario. Para convertirse en inmuebles de protección oficial han de cumplir unos determinados parámetros: una superficie máxima de 90 metros cuadrados y precios que oscilan entre los 1.307 euros por metro cuadrado en las ciudades y 985 en los municipios rurales.

“En las ciudades es inviable; supondría rebajar demasiado el precio y sería la ruina de algunos promotores, a no ser que su situación económica sea muy grave. Y ni así lo veo. No podemos vender por 1.300 euros el metro cuadrado cuando a nosotros nos costó unos 2.400 la construcción final de ese metro cuadrado: suelo, obra, material, recursos humanos, honorarios de arquitectos, aparejador.... Supondría perder prácticamente la mitad de lo invertido en dicho inmueble: no puede ser”, sostiene Miguel Font, gerente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la provincia de Pontevedra (Aproin). Font explica que en Galicia, hasta el momento, sólo se ha rebajado entre un 10 y un 15% el precio de la vivienda libre para vender más. “Pero de ahí a perder casi un 50% hay un trecho”, añade. Según los promotores, las entidades bancarias les ofrecen alternativas para renegociar el endeudamiento hasta que pase la fase más dura de la crisis económica. “Está funcionando muy bien la alternativa de alquilar el inmueble nuevo durante dos años con posterior opción a compra. Transcurrido ese tiempo el inquilino puede adquirir el inmueble y se le tiene en cuenta todo lo invertido en el alquiler. Este tipo de medidas son positivas y para nosotros es una prórroga para cumplir con los bancos. De todas formas, hay que intentar que las entidades vuelvan a conceder hipotecas a particulares”, concluye Font.