08 de agosto de 2009
08.08.2009

Los alcaldes reciben el canon eólico como un "derecho" que les ayudará ante la crisis

Regidores de PP y PSOE aplauden el nuevo impuesto que reclaman desde hace años

08.08.2009 | 03:37

Una buena noticia en plena crisis económica. Así han recibido los alcaldes de los municipios con parques eólicos, más de la mitad de los consistorios de toda la comunidad, la creación de un canon, que permitirá recaudar anualmente 30 millones de euros,que irán a parar a estos ayuntamientos. Los regidores ven en este impuesto una ayuda a la crisis económica, pero también advierten de que es "un derecho" que llevaban reclamando desde hace años y que les compensará del impacto negativo de los molinos de viento en sus tierras.
Los alcaldes, al margen de su color político, se han entusiasmado especialmente con la decisión del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de que serán los municipios los que manejarán el 50% del fondo, unos quince millones anuales, aunque el anteproyecto de ley, redactado por la Consellería de Economía e Industria no regula este aspecto ni tampoco cómo se repartirá el dinero entre los consistorios, pues hay municipios con muchos parques y otros con bastantes menos. Lalín, con 187 aerogeneradores, aspira a llevarse una buena parte del cheque eólico, en comparación con, por ejemplo, Agolada, donde sólo hay 18 molinos de viento.
El canon eólico será como agua de mayo para los municipios con escasos recursos y deudas pendientes. Que se lo digan a la alcaldesa de Silleda, a quien los bancos reclaman 4 millones en concepto de préstamos. Para la regidora socialista Paula Fernández , que ya empieza a calcular cuánto dinero puede ingresar por sus 75 aerogeneradores, toda ayuda es bienvenida" y sugiere que también "debería aplicarse ese canon a otras industrias, como la eléctrica".
Paula Fernández no es la única que ve el impuesto del vieno un paliativo a la crisis. El alcalde de Agolada, el popular Ramiro Varela, considera que "esta ayuda será muy importante en los ayuntamientos con bajo presupuesto".
"Estos ingresos no son una lotería, sino un derecho que nos corresponde", declara David Raposeiras, el titular del ayuntamiento de Forcarei, un municipio con 5.000 habitantes y 172 molinos de viento El alcalde del PP ya le encontró destino a un dinero del que aún no dispone: "Servirá para reducir los gastos del alumbrado público, uno de nuestros problemas más acuciantes, y para dejar margen para la inversión en nuevos proyectos".
Los regidores sostienen que no sólo a las empresas les corresponde obtener beneficios de la industria eólica. Como argumenta, el responsable del municipio de Dumbría, el socialista José Manuel Pequeño, los ayuntamientos también tienen derecho a sacar tajada del negocio del viento, pues "ponen el terreno público". El edil coincide con su compañero de filas, el alcalde de Rodeiro, José Bence, que opina que "la mayoría de los impuestos deberían recaer en los ayuntamientos". En su villa, hay 80 molinos.
El alcalde de Vimianzo, Alejandro Rodríguez, muy crítico con su partido, el PSOE, coincide con el edil de Urbanismo de Lalín, el popular Román Rodríguez, en reprochar al ex presidente Emilio Pérez Touriño el no haber sido él quien sacase adelante el canon. "No puedo entender la política neocentralista del bipartito. Sólo querían tener acciones de las empresas", denuncia Román Rodríguez.

El PPdeG defiende la legalidad y transparencia del nuevo concurso
El PP salió ayer en defensa de la Xunta. El diputado Alejandro Gómez Alonso aseguró que el Gobierno de Feijóo ofrece "seguridad jurídica, transparencia y legalidad" al suspender el concurso eólico del bipartito, "una de las grandes vergüenzas" del anterior Gobierno, y convocar un nuevo reparto.
Para el diputado popular, el bipartito sabía la "ilegalidad" del procedimiento cuando lo aprobó y advirtió de las indemnizaciones que habría que afrontar si la Xunta no deroga el reparto previsto de nuevas explotaciones.

Críticas de CIG
Una visión muy diferente es la de la CIG. El sindicato nacionalista considera que la revisión del concurso eólico "pone en peligro la creación de puestos de trabajo" y "supone una pérdida de ingresos muy importante para el erario público al eliminar la participación pública" en los futuro parques eólicos.

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