El portavoz de infraestructuras del PPdeG, Alejandro Gómez Alonso, afirmó hoy que la Xunta pretende ofrecer "seguridad jurídica, transparencia y legalidad" al decreto para nuevas explotaciones eólicas que calificó como "una de las grandes vergüenzas" del anterior gobierno. Además, reclamó durante una conferencia de prensa al ex conselleiro de Industria Fernando Blanco y el ex vicepresidente de la Xunta Anxo Quintana que expliquen que intereses tienen en el sector eólico.

Para Gómez Alonso la coalición PSdeG-BNG sabía que el procedimiento que aprobó cuando estaba al frente de la Xunta tiene "claros visos de ilegalidad" que podrían suponer "graves sanciones" por las indemnizaciones que tendrían en caso de mantenerse el reparto previsto de nuevas explotaciones. Así, dijo a Quintana que "puede estar tranquilo" porque la Xunta repartirá los megavatios siguiendo "criterios objetivos" y en ningún momento "criterios políticos ni de amistad".

También resaltó la postura del PSdeG que, según Gómez Alonso, durante la pasada legislatura mostró su desacuerdo y "no avaló el decreto ni el parte eólico" que hizo el BNG porque "tenía visos de ilegalidad". Por ello, instó al grupo socialista a que manifieste si avala ahora el reparto que hizo la Xunta en 2008, o si, por el contrario, va a apoyar el nuevo procedimiento. Además, aclaró que el decreto "no está derogado", sino que "está suspendido" porque no se puede derogar "hasta que no se apruebe otro o se impulse una norma de rango superior".

Así, calificó la decisión de la Xunta como "acertada" y consideró que va a repercutir "de forma positiva y directa" a más del 50 por ciento de los ayuntamientos gallegos, ya que gestionarán "la mitad del canon de compensación medioambiental que va a imponer el Gobierno gallego" para la explotación de nuevos parques eólicos. Por tanto, afirmó que es una decisión que "da oxígeno a las maltrechas arcas" de los ayuntamientos, además de "aire fresco, transparencia y rigor" al nuevo proceso de adjudicación de los parques eólicos, que es una decisión tomada "en aras del interés general de Galicia".