131 organismos dependientes directamente de la Xunta. Galicia es, tras Baleares, la comunidad que, en términos relativos, cuenta con un mayor número de este tipo de chiringuitos públicos que, bajo la denominación de organismos autónomos administrativos, comerciales o financieros, entes de derecho público, sociedades mercantiles o fundaciones, están adscritos a la Administración autonómica. Tal y como se desprende del informe correspondiente a 2006 elaborado por el Consello de Contas, sólo Cataluña, Andalucía y Baleares superan a la comunidad gallega en el número de organismos de este tipo pero, a excepción de las islas, que cuentan con una población inferior a la de Galicia -un millón de habitantes-, Cataluña y Andalucía suman siete y ocho millones de habitantes, respectivamente.
Estas organizaciones, por su dependencia directa del Gobierno autónomo, deben rendir cuentas de sus actuaciones y del uso de las partidas presupuestarias que reciben procedentes de fondos públicos. Sin embargo, advierte el órgano fiscalizador gallego, no siempre se cumple.
Fundaciones. Son los entes dependientes del Ejecutivo de Feijóo que más proliferan: 58. Pero el informe del Consello incluye las siete fundaciones sanitarias ideadas en la época de Fraga que fueron posteriormente eliminadas por el bipartito. Así, Castilla-León, la segunda autonomía española por su número de fundaciones, contaba en 2006 con apenas una treintena de fundaciones. En Galicia, las fundaciones más numerosas son las denominadas “comarcales”, cuyo fin es la promoción del desarrollo local “mediante la implantación de un modelo de crecimiento equilibrado, basado en la dinamización de los recursos locales”.
Organización. El Consello de Contas destaca la dificultad delimitar las tareas de estos organismos públicos “por la heterogeneidad de las entidades que las conforman”. Y advierte de que es “producto de una normativa poco clara y de tipología confusa”. A pesar de que entiende que estos organismos se crean para dotar de mayor agilidad a sus actuaciones “prescindiendo de la rigidez inherente a la Administración pública”, el Consello critica que “prestaciones de naturaleza asistencial”, como son los servicios sanitarios, se realicen bajo fórmulas tan heterogéneas como entidades sin personalidad jurídica propia -por ejemplo, los centros hospitalarios del Sergas- pero también bajo, las desaparecidas fundaciones.
El Consello de Contas alerta además de que “el importante crecimiento de estas entidades” ha provocado diferentes situaciones controvertidas al observar “ausencia de fundamentación en su creación, duplicidades en las estructuras administrativas, dimensionamientos inadecuados” y en general situaciones que “cuestionan el principio de economía de gasto que debe presidir la actuación pública y que constata la carencia de criterios normalizados en el diseño del modelo público”. En esencia, el órgano fiscalizador advierte del despilfarro que supone un número tan elevado de organizaciones similares.
Control. La Xunta carece de un registro general de los organismos y entidades que conforman su sector público, cuya normativa crea y regula el Registro de Fundaciones de Interés Galego que es único y que está adscrito a la Consellería de Presidencia.
Sociedades mercantiles. Sin superar la participación pública del 50%, están sometidas a un control público. El Consello de Contas destaca que pese a depender de la Xunta, no existe una regulación que explique cuál debe ser el régimen presupuestario de control que fija su funcionamiento, con el consiguiente “descontrol” añadido.
Cuentas. Tanto los organismos autónomos, como las sociedades y fundaciones públicas deben rendir cuentas al Gobierno autonómico porque integran la Conta Xeral de la Xunta. Sin embargo, seis cumplieron tarde con este precepto al presentarlas fuera de plazo las siguientes fundaciones, entre ellas la Fundación Feira Instituto Fiera de Vigo (Ifevi).
Contratación. El Consello de Contas insiste en que las entidades integradas en el sector público deben someter sus actuaciones a los criterios que rigen la gestión pública. Es decir, deben ser “eficientes y económicas”. Pero, además, las actuaciones que lleven a cabo destinadas a la contratación deben estar basadas en los principios de “publicidad, concurrencia y objetividad que van inexorablemente unidos a los de igualdad y no discriminación”. Mediante estos principios se pretende garantizar “el ajustado empleo de los fondos públicos” que gestionan y, además, “asegurar las condiciones del mercado donde se proveen”. Más allá de la teoría, el Consello de Contas dice que estos principios no se concretaron de modo que es imposible verificar si de “manera inequívoca” se cumplió con lo que recoge la ley.
Personal. El número de trabajadores contratados por las sociedades mercantiles públicas creció en 2006 un 11,48% hasta situarse en los 1.018 trabajadores. El personal fijo e interino asciende a 784 (lo que supone un aumento del 8,5% con relación a 2005). El resto del personal eventual creció un 14,17% y sumaba en 2006 un total de 137. La sociedad que aumentó más en este periodo, un 155%, su número de trabajadores fue Xestur Pontevedra. Le sigue Xestur Coruña, con un 75% . En el grupo está también la Sociedad Galega do Medio Ambiente (Sogama), con un alza del 25%, hasta sumar 27 empleados. El Consello de Contas destaca en su estudio que este crecimiento se debe “al aumento de personal eventual”.
En los entes públicos hay 1.479 profesionales contratados, con una tasa de variación del 15,64% respecto al ejercicio del 2005, tras el incremento de 200 profesionales. El personal fijo supone un 67% del total. El Consello destaca que el grueso de estos trabajadores son empleados de la Crtvg (el 63,37% del total), que también se lleva el grueso de las incorporaciones (140 profesionales de las 200 registradas). Los sueldos de los temporales pertenecientes a la sección de programas se dispararon un 550% y la partida supera los 6,4 millones.
Sueldos. El gasto en los salarios de los empleados de las sociedades mercantiles de la Xunta ascendió a más de 22 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,98% con respecto a 2005. El personal fijo e interino representa el 86% del gasto total, superior a lo que supone en términos de profesionales, lo que quiere decir que el personal eventual y el incremento producido se centra en categorías con retribuciones medias más bajas.
El importe de los sueldos en los entes públicos supera los 47 millones y conlleva aparejada una subida del 23,95%. El Consello de Contas llama la atención al hecho de que este incremento es muy superior al del número de trabajadores que se incorporaron (creció un 15,64%). Destaca también que subieron los costes en las categorías con retribuciones medias más altas, a diferencia de lo que ocurría en las sociedades públicas.
