08 de julio de 2009
08.07.2009

"La Segunda República fue ilegal"

FARO publica íntegro el informe sobre la ley de memoria histórica por el que el jefe militar de A Coruña fue destituido en 2008

08.07.2009 | 10:50

El ex jefe militar de A Coruña asume que el informe hecho por encargo de sus superiores en 2008 sobre la ley de memoria histórica es "muy crítico" y "muy duro", pero no se retracta en nada de lo recogido en el documento que le costó su destitución y el arresto domiciliario durante un mes. El Tribunal Militar Central ha concluido finalmente en relación al informe que "los extremos revelados no constituyen secretos oficiales ni materia reservada"

"La Segunda República no fue otra cosa que un Golpe de Estado civil". "La ley de la memoria histórica tampoco pretende la reconciliación entre los españoles". "Trata de establecer con rango de ley quiénes eran los "buenos" y quiénes los "malos". Son algunos de los extractos del informe redactado por el ex comandante militar de A Coruña y Lugo sobre la ley de la memoria histórica. Un documento que hoy publica íntegro este periódico y por el que el coronel Lorenzo Fernández Navarrode los Paños y Álvarez de Miranda –en la reserva desde julio del año pasado– fue destituido de su cargo en marzo de 2008 y condenado a un mes de arresto domiciliario. Tras haber presentado una denuncia por la filtración de parte del contenido del informe, clasificado como reservado, el Juzgado Togado Militar Central número 2 concluye que "los extremos revelados no constituyen secretos oficiales ni materia reservada, así como tampoco afectaría a la seguridad y defensa nacional".
Además de esta denuncia, el coronel Navarro interpuso dos recursos. Por su cese, recurrió a la Audiencia Nacional. Por su arresto domiciliario, interpuso un recurso ante el Tribunal Militar Central, el cual desestimó las alegaciones presentadas. El ex jefe militar de A Coruña estudia ahora qué posibilidades caben para llevar su caso al Tribunal Supremo, cuyo plazo para presentar recurso concluye mañana jueves.
El texto que a continuación se reproduce es el informe sobre la ley de la memoria histórica que el coronel Navarro elevó a sus superiores y que aparece en el auto del Tribunal Militar que desestima su recursos de emprender acciones contra los responsables de las filtraciones del documento:
"De la lectura y análisis de la Ley 52/2007 se desprende que, a pesar del prolijo circunloquio establecido en su Exposición de Motivos, la eliminación de cualquier símbolo que represente la legalidad el Estado Español antes de la promulgación de la Constitución de 1978, poco o nada tiene que ver con una "ley por la que se reconocen o amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura".
Tampoco pretende –como proclama– la reconciliación entre los españoles, pues trata de establecer con rango de ley, quiénes eran los "buenos" y quiénes los "malos" y por ello no promueve la coexistencia de símbolos –que ya la hay– sino la supresión de los símbolos de los "malos" excepto cuando su retirada no sea posible en la que se exige el acompañamiento. Toda la letra y el espíritu de la Ley 52/2007 trata de establecer el principio de que la única legalidad institucional es la anterior al 18 de julio de 1936. Sin entrar en detalle de tamaña falacia, conviene recordar que la proclamación de la Segunda República fue enteramente ilegal.
Ilegal o alegal en su inicio, pues las elecciones que dieron paso al cambio del Régimen eran municipales, para determinar la composición de las corporaciones locales, no un plebiscito para determinar la forma de Gobierno de la Nación; ello además de que la proclamación de la Segunda República tuvo lugar antes de finalizar el escrutinio y sin tener en cuenta sus resultados, por lo que no fue otra cosa que un Golpe de Estado Civil, y en cuanto a cualquier vestigio de legalidad de ejercicio, despareció el 11 de mayo antes de haber transcurrido un mes desde su proclamación.
El espíritu de la Ley 52/2007 de negar cualquier legalidad que no proceda de la Segunda República es tan evidente que se encuentra por doquier.
En definitiva, el espíritu y la letra de la tantas veces citada Ley 52/2007, no es otra que dejar sentada la base de que no hay otra legalidad que la –según el legislador– Republicana, interrumpida el 18 de julio de 1936 y por ello, aunque formalmente cite a la Constitución de 1978 y sus valores democráticos, como referencia temporal para establecer el fin de la "dictadura", en la práctica niega la legalidad del S.M. el Rey, tanto si se considera que la Monarquía fue instaurada por Franco.
Lo expuesto tiene suficiente gravedad como para que cada Escalón de Mando en el Ejercicio de sus responsabilidades CUMPLIENDO Y HACIENDO CUMPLIR LA LEY, pero utilizando cuantas posibilidades deje la misma, procure la permanencia de unos símbolos que además de formar parte de la auténtica MEMORIA HISTÓRICA, son, se quiere o no, matriz del actual ordenamiento constitucional. Además no debe olvidarse que, llegado el momento, la Historia de España volvería a escuchar las palabras del Senado Romano a los asesinos del otro Caudillo Viriato".

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