¿Está atascada la Ley de Dependencia?

-Fernando G. Macías. Yo creo que, efectivamente, se levantaron enormes expectativas sobre el alcance y significado de esta Ley, y quienes la hicieron, la pusieron en marcha, no eran del todo conscientes de lo que se necesitaba para no defraudarlas. Y además, en mi opinión, ha habido quizá la mala suerte de que la puesta en marcha de este instrumento se ha hecho en un momento especialmente complicado; la Ley de Promoción de la Autonomía Personal, o como se la conoce más sencillamente, Ley de Dependencia, habría sido mucho más aplicable en otro momento: si se hubiera puesto en marcha hace diez años ahora no estaríamos hablando de lo que estamos hablando.

-Juan Carlos R. Bernárdez. Nosotros valoramos muy positivamente esta ley, colaboramos en su redacción, y que algo que nos parecía clave era que se consensuase, lo que se logró: es por tanto una Ley de todos, y eso debería ayudar. Ocurre que la aplicación es compleja y necesita un serie de instrumentos concretos; ahí es donde ha surgido el problema. El desarrollo de la Ley no es el adecuado entre otras razones porque, aun siendo garantista, que debe ser, resulta excesivamente burocrático y está generando tal cantidad de problemas que muchas veces desde que una persona pide prestaciones hasta que se hace la segunda valoración con el plan individualizado de actuación pueden pasar un año o dos y eso lo cambia todo.

-Marta R. Arias. Comparto muchas de las cosas que se han dicho, especialmente las que han remarcado la diferencia entre aprobar una Ley y desarrollarla adecuadamente. No quiero decir que el consenso sea algo fácil de lograr, en absoluto, pero es cierto que el papel está escrito y luego viene el resto, porque del papel a la realidad hay como del dicho al hecho, un trecho. Yo creo que el gran problema de la Ley de Dependencia, efectivamente, fue la expectación que se despertó, en parte por necesidad de mucha gente, en parte por interés político de algunos. Muchos creyeron que al día siguiente, es un decir, se iban a resolver los problemas casi de un plumazo, que todos tendrían a su disposición todos los recursos necesarios, y era obvio que eso sería imposible.

La incidencia de la crisis económica, según algunos expertos, podría suponer efectos colaterales negativos para el desarrollo de la Ley. ¿Qué creen?

-G. Macías. La aplicación de esta Ley está poniendo de manifiesto que cada comunidad es un mundo; hay algunas en las que su aplicación está muy avanzada, mientras en otras apenas se ha movido,: no se muy bien en qué lugar de ese escalafón está Galicia, aunque me da la impresión de que no pasa del término medio. En todo caso, se está demostrando que no es lo mismo a día de hoy ser dependiente, pongamos por caso, en Andalucía que en Cantabria, y éste es un problema serio porque no sucede con otros parámetros del Estado del bienestar. Estamos creando mecanismos que han de partir de los principios de solidaridad y equidad, y para eso entre otras cosas se desarrolló el principio de la financiación autonómica desde la multirrealidad y la idea de que hay unos servicios mínimos que han de estar igualados para todos los ciudadanos, y estos desde luego no lo están, hay miles de dependientes que esperan aún su calificación para pedir sus prestaciones, y aún no lo han sido.

-R. Bernárdez. No siempre es sólo una cuestión económica y oír tanto la crisis no tiene por qué resultar determinante. Ocurre que la Ley, en bastantes casos, no sirve en la práctica para la persona que solicita sus prestaciones. Hay que intentar ganar rapidez, flexibilidad y se tiene que conseguir que cuando se hace la valoración y el trámite de actuación, ese plazo sea ser muy breve para realmente hacer un trabajo adecuado a la persona, porque, si no se hace así, el plan no sirve. En todo caso, sí que creemos que hay que analizar mejor el tema de los recursos que se ofrecen; hoy en día para muchas familias es difícilmente compresible y hay que intentar clarificar esa oferta de servicios y las compatibilidades entre ellos, porque en este momento uno de los problemas que hay es que a veces ni los propios servicios sociales saben explicar correctamente cuáles son las compatibilidades entre centros de día y atención y asistencia a domicilio, por ejemplo, y eso provoca una más que considerable confusión.

-R. Arias. Es evidente que con crisis o sin ella se ha creado tal frustración en muchas familias que en este momento su resolución es inaplazable. Y no todo es cuestión de recursos, también de gestión: se ha dicho, y desde luego con razón, que reducir la burocracia, acortar plazos, es una especie de conditio sine qua non para encontrar soluciones adecuadas porque resulta inadmisible que se solicite una prestación y hasta dentro de un año no se evalúe y pase otro todavía para que se elabore un plan de actuación de forma que después de ese tiempo el enfermo ya no está en las condiciones en que estaba cuando solicitó la ayuda, y de nada, o de muy poco, le sirve todo el proceso vivido, que se vuelve una absoluta pérdida de tiempo para el propio enfermo, su familia, sus cuidadores y, desde luego, para la Administración pública.

Se ha planteado también, por ahora sin profundizar, el asunto de los cuidadores...

-G. Macías. Este es evidentemente el asunto más polémico de los que se derivan de la Ley de dependencia. Se trata del problema, la cuestión que puede provocar otra frustración, además de la de los dependientes propiamente dichos. el sistema de ayudas a las personas que atienden a los dependientes les puede hacer caer en una especie de trampa, sobre todo a los familiares que se dedican a ellos: la de renunciar a tener una carrera profesional, otra actividad laboral, quedándose en casa para atender a la persona que lo necesita en una situación temporal que por edad o por condiciones físicas del atendido será posiblemente más breve que larga. ¿Qué pasa entonces con los que han dedicado equis años a ese cuidado? Existen otras necesidades para las que esa experiencia puede ser extremadamente útil.

-R. Bernárdez. Nosotros siempre hemos reivindicado que se reconozca el papel del cuidador, y que se le asigne una prestación económica que le permita dedicarse a su tarea, además de una formación adecuada. No sólo vale con que cobren una ayuda, sino que cuide adecuadamente, y se le debe formar para ello con lo que podrá reciclarse laboralmente; de ese modo se rentabilizarían también las ayudas económicas, rentabilidad que en estos tiempos de crisis, por volver a lo anterior, y de desempleo, no es una opción menor. Hay que analizar otra vía, la de crear servicios potentes, suficientes, que den autonomía personal y económica a los cuidadores, muchos de los que son mujeres en torno a los cincuenta años que se encierran en casa a atender a sus familiares y que después se encuentran sin salidas.

-R. Arias. En Galicia desde Vicepresidencia, se centró mucho la acción en que la gente se decantase por las ayudas económicas en vez de las asistenciales, y eso ha perjudicado la cuestión de los cuidadores y su formación, así como un cierto futuro profesional e incluso el aprovechamiento de nuevos nichos de empleo en la lucha contra el paro. Nosotros en el PP creemos que hay que abrir mucho más el abanico de los servicios sociales porque es necesario actuar sobre la dependencia no sólo cuando se solicita y concede, sino también a lo largo de su desarrollo para adecuar la asistencia al nivel real de dependencia. Para nosotros el quid no está sólo en pagarle a un familiar para que ayude en ese momento: está en proporcionar atención adecuada y formación que después se pueda emplear en otros sectores asistenciales.

¿Cómo creen ustedes que se sale del atasco?

-R. Bernárdez. Es complejo y hay que intentar engrasar el proceso porque, si no, al final ni las familias ni los propios funcionarios saben compatibilizarse, y eso hace que muchas veces las familias opten por solicitar el recurso económico antes que el asistencial, porque es más cómodo y claro. Creemos que lo económico es importante, pero hay que potenciar lo asistencial. En todo caso creemos nosotros que todo esto hay que tomarlo como una gran oportunidad para corregir errores de desarrollo de la Ley.

-R. Arias. En este momento lo importante, lo prioritario, es reducir el plazo de espera, tanto para la valoración como para la atención como para la prestación. Y corregir lo que se ha dicho también con razón sobre que cada comunidad es un mundo; como desde Madrid no plantearon programas específicos para desarrollar la Ley, cada comunidad fue por su cuenta y eso hay que corregirlo, insisto.

-G. Macías. Insisto en que creo que se trata de implantar este cuarto pilar del Estado del bienestar en el peor momento posible, pero más vale tarde que nunca. Es necesario un esfuerzo especial y en ese sentido se ha pronunciado la nueva ministra, que lo ha dicho explícitamente. Ojalá que acierte, pero también es verdad que hasta el momento ha habido una gran descoordinación, como se ha dicho con acierto, lo que no invita precisamente al optimismo.