La polémica alrededor del diputado del PPdeG Agustín Hernández continúa. Ayer, los ataques llegaban otra vez desde el propio PSdeG y desde el ala socialista de la Xunta de Galicia. La conselleira de Política Territorial en funciones, María José Caride, consideró como “el colmo de la inmoralidad” que Hernández firmase -siendo director de infraestructuras de la Diputación de Pontevedra- un informe técnico para una querella, presentada por el PPdeG contra su departamento, por la adjudicación de las obras en la autovía do Barbanza.
Desde el PSdeG, la secretaria de Organización de la Comisión Gestora, Mar Barcón, también vertió críticas hacia la actuación de Hernández, en este caso referidas a la polémica sobre las adjudicaciones que concedió cuando era director xeral de obras públicas a una empresa a la que se incorporó poco después de dejar el cargo. A juicio de Barcón, esta actuación es “cuestionable desde todos los puntos de vista de la ética y de las buenas prácticas políticas”. Por ello, le pidió a Núñez Feijóo que “obligue” al diputado a asumir responsabilidades para, de esta manera, no “enturbiar” el inicio de esta legislatura.
De todos modos, Barcón admitió “no saber” si Hernández se ajustó estrictamente a la legalidad, aunque aseguró que “lo cierto es que no se ajustó al ejercicio moral y ético que debe darse en la práctica política”.
Caride también solicitó al PPdeG que adopte “medidas”, ya que consideró que la moralidad de Hernández “está cuestionada” y consideró que “ejemplos como esos hacen que los ciudadanos duden de la honorabilidad de los políticos”.
De hecho, señaló que “éticamente deja mucho que desear” que “el que firmó contratos millonarios con empresas en el último año que estuvo trabajando en la Consellería de Política Territorial, en las mesas de contratación, en menos de un año esté trabajando para una de esas empresas”.
