Cada matrícula que esté al alcance de la cámara instalada en una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico en Galicia es contrastada con las recogidas en la base de datos. Bastan un par de segundos para que el dispositivo detecte si el vehículo que acaba de adelantar al coche patrulla, el que circula por el carril contrario o los que están aparcados no están asegurados o tienen la ITV caducada. Desde que el sistema empezó a funcionar en enero de 2008, la Guardia Civil controló a cerca de 30.000 vehículos y sancionó a un total de 137 conductores.

Son pocos, pero los hay que se ponen al volante de coches sin papeles. Con la excusa de “estaba pendiente de que me dieran cita” para pasar la ITV o “se me pasó renovar el seguro” de circulación, más de un centenar de conductores fueron cazados en 2008 por no tener los papeles de su vehículo al día. Entre enero y diciembre pasados, la nueva patrulla de la Guardia Civil, provista de una cámara que lee las matrículas de los automóviles que circulan sin la Inspección Técnica de Vehículos o con el seguro caducado, controló a un total de 25.893 coches en las carreteras gallegas. En 121, el nuevo sistema detectó alguna irregularidad. Una cifra que supone la detección de 10 indocumentados al volante cada mes. En total, cinco de cada mil vehículos controlados carecen de póliza o no han pasado la ITV.

“Cada vez se cumple más, tanto en el tema de seguros como en el de la Inspección Técnica de Vehículos”, asegura el jefe de la Agrupación de la Guardia Civil de Tráfico en Galicia, el teniente coronel José Luis Ulla. Pese al refuerzo del control que supone la puesta en funcionamiento de este coche, del que hay doce en el país, la Guardia Civil de Tráfico no ha logrado disuadir a los que circulan sin tener todos los papeles de su vehículo en regla. Sólo en los dos primeros meses de este año, fueron controlados 4.002 automóviles de los que un total de 16 fueron denunciados tras comprobar que carecían de póliza o no habían pasado la ITV.

Aunque la cifra total de sancionados se eleva a 137, la patrulla de la Guardia Civil en la comunidad gallega interceptó a otros 243 vehículos que supuestamente circulaban pese a carecer de todos los documentos. Tras comprobar los datos y verificar que la base de datos no incluye las renovación de seguros y las inspecciones del vehículo más recientes, Tráfico no tramitó denuncia alguna.

El margen de error del sistema se da fundamentalmente en las pólizas de coches nuevos, cuya actualización en la base de datos se retrasa al menos dos semanas. El control de los vehículos que circulan con la ITV caducada provoca más alertas de las reales, ya que desde que un automóvil pasa la inspección, suelen pasar unos 20 días hasta que los datos son comunicados a la Dirección General de Tráfico (DGT).

El perfil, según apunta el teniente coronel José Luis Ulla, es “muy dispar”. No sólo son los que se despistan del plazo para pasar la ITV o de la renovación del seguro. También los hay que argumentan que daban por hecho que la póliza estaba en vigor o que estaban pendientes de una fecha para la inspección técnica. En estos últimos casos, se trata de conductores que se mueven habitualmente por carreteras secundarias y que lo hacen de forma poco habitual y en vehículos de más de diez años de antigüedad.

Con el nuevo sistema, los agentes ya no tienen que llamar a la base cada vez que encuentran un vehículo sospechoso para comprobar sus datos. La detección del automóvil sin seguro o sin ITV es inmediata. Todas las matrículas que estén al alcance de la cámara, son contrastadas al instante con la base de datos de la DGT.

La Agrupación de la Guardia Civil de Tráfico está acostumbrada a las disculpas de los conductores interceptados sin papeles. “No llevo la documentación en el coche” o “Tengo vez para la próxima semana para pasar la ITV” son las excusas habituales. Por no llevar la documentación encima, se impone una sanción de 60 euros. Si en cinco días, el conductor no la presenta, se enfrenta a una multa de hasta 3.000 euros. En el caso de que no haya pagado el seguro, se procede a la inmovilización del vehículo y se impone la sanción correspondiente —entre 1.000 y 3.000 euros dependiendo del vehículo—.