Los planes que el PP tiene para darle un lavado de cara a la Administración gallega y ahorrar costes van más allá de la tijera entre los altos cargos y la reducción de consellerías. Entre los que preparan el “puzzle” de la nueva Xunta no se habla de que sobren funcionarios, pero sí de que la distribución se ha quedado prácticamente obsoleta. “No responde a las necesidades actuales de la sociedad”, indica Pedro Puy, recién elegido diputado y mano derecha del presidente electo. Con los estudios internos y “las primeras impresiones” que manejan los populares, una de las claves para “racionalizar y agilizar” la gestión está en la reestructuración de los trabajadores públicos para cubrir aquellos departamentos en los que ahora la plantilla es escasa y que son “prioritarios” en las medidas que tienen pensado llevar a cabo para luchar contra la crisis económica aprovechando que en otras áreas se peca de lo contrario.

“Hay aspectos, los relacionados por ejemplo con la innovación y las nuevas tecnologías que hace 10 o 15 años no tenían prácticamente ningún peso en la Administración pública y que hoy en día son una auténtica prioridad para funcionar eficazmente”, explica Puy. “Ahí -añade- hay un campo donde tiene que haber más dedicación y más personal con una cualificación determinada”. Los dirigentes populares tienen claro que seguramente en otros espacios de San Caetano ese grado de especialización y de concentración de trabajadores “no es necesaria”. “Hay que pensarlo bien, desde el punto de vista de la racionalidad y de la eficacia, pero también teniendo en cuenta la opinión de los propios trabajadores de la Administración, que son los primeros interesados en que la organización en su conjunto trabaje bien”, asegura uno de los portavoces del PP en la comisión de traspaso de poderes.

Galicia es la quinta comunidad con más funcionarios. Un total de 88.037, según los últimos datos que maneja la Consellería de Presidencia y el Ministerio de Política Territorial. Por encima, Andalucía, que supera los 256.000; Madrid, con 162.107; los 157.743 de Cataluña; y la comunidad Valenciana, con casi 129.000. El Servicio Galego de Saúde (Sergas) -sólo en hospitales, centros de salud y delegaciones de la Consellería de Sanidade trabajan más de 31.100 personas- y la Consellería de Educación absorben la inmensa mayoría de los empleados de la Administración pública gallega. El engranaje está formado por 1.997 titulados superiores, 1.205 titulados medios, 1.679 administrativos, 3.346 auxiliares y 968 del grupo E, donde se integran, entre otros, ordenanzas y subalternos.

“De lo que se trata -continúa Pedro Puy- es de usar bien los recursos de los que se disponen y no tanto la idea de reducir el número de personas que trabajan en la Administración pública”. De hecho, de los funcionarios dependerá que la eliminación de las delegaciones provinciales de las consellerías y la implantación de la figura de los superdelegados funcione. “Se va a hacer una estructura mucho más ágil, menos burocratizada, en la que que van a tener mayor protagonismo, en vez de los delegados que son nombrados políticamente, los funcionarios que ocupan los puestos en las administraciones territoriales”, asegura el diputado popular. Puy descarta que el fin de las delegaciones pueda suponer una ralentización de los trámites.

Una de las preocupaciones del bipartito que quedó pendiente

Algunos altos cargos del bipartito no se mordieron la lengua a la hora de dar su visión, su radiografía, del funcionariado gallego que trabaja para la Xunta, con el acento puesto en las grandes diferencias que existen en el rendimiento entre unos y otros. “Gana igual el que no da ni golpe que el funcionario más eficiente -aseguraba el pasado mes de noviembre José Colino, director xeral de Planificación e Fondos Comunitarios dependiente de la Consellería de Economía-. Si eso es una administración eficaz, que venga Dios y lo vea”. Su intervención en una jornadas sobre la crisis económica no pasó desapercibida.

Porque llegaba después del anuncio por parte de la Consellería de Presidencia de trabajar en un plan de calidad para mejorar el trabajo de los empleados públicos. Su responsable, José Luis Méndez Romeu, llegó a hablar de un sistema de incentivos “no necesariamente económicos” y evidentemente “voluntario”, aunque con matices, porque en aquel momento no estaba sobre la mesa una posible revisión de las retribuciones que reciben los funcionarios.

Desde 2005, de cada diez puestos de trabajo que se crearon en Galicia, tres eran trabajos en la Administración. En la pasada legislatura, la plantilla de la Xunta aumentó en 10.000 empleados más, el 80% de ellos destinados a los servicios sanitarios y educativos. La directora xeral de Función Pública, Mar Rodríguez, ya avanzó a mediados del pasado de 2008 que ahora, con la crisis, tocaba pisar el freno.