A los encargados de tutelar el relevo en la Xunta les queda ya poco margen para actuar, pocos días hábiles para limar los numerosos flecos pendientes. La Semana Santa se come casi todo el plazo que hay antes de las sesiones de investidura del nuevo presidente, previstas para los días 14 y 16, y por eso el PP adelanta la petición que lanzará al bipartito en la segunda reunión de la comisión de traspaso de mañana. Un toque de atención público para ganar tiempo. Que el Gobierno en funciones ponga el freno y no licite ni adjudique más proyectos. De eso, aseguran los populares, dependerá que los preparativos para el cambio de timón en San Caetano sigan desarrollándose con “cordialidad”. Sería “lo conveniente”, señala Agustín Hernández, uno de los representantes del PP en la mesa, junto con Pedro Puy.

Pese a las buenas palabras que de una y otra parte llegaron durante la pasada semana tras arrancar las conversaciones, con el primer encuentro de la comisión y con la primera cita también después del 1-M entre el actual titular del Ejecutivo gallego, Emilio Pérez Touriño, y su sucesor, Alberto Núñez Feijóo, al PP todavía le “cuesta entender” que se esperase tanto en sentarse a hablar y la “actitud” de socialistas y nacionalistas durante la etapa en funciones de la Xunta con adjudicaciones por valor de “más de 250 millones de euros” por parte de las consellerías de Política Territorial, Medio Ambiente, Vivenda y Vicepresidencia. Los populares esperan que tras el comienzo de las conversaciones “acabe la posibilidad de comprometer las actuaciones del futuro Gobierno”.

Sobre todo porque esta misma semana, los portavoces del Gobierno gallego en el traspaso -el conselleiro en funciones de Presidencia, José Luis Méndez Romeu, y el secretario general de Presidencia, Gumersindo Guinarte- y el mismo Pérez Touriño, se comprometieron a poner a disposición de los populares la información que requirieron sobre la situación de la agenda institucional, el personal de la Xunta y las cuentas autonómicas. Los populares insisten en que “no sería razonable”, “no tendría sentido” tomar decisiones de inversiones que “puedan suponer compromisos de futuro”. Incluso aquellas que el nuevo Gobierno gallego “pudiera tomar” a su llegada “en menos de un mes”.

Detrás de las reclamaciones del PP -que en los dos encuentros institucionales se mantuvo en silencio hasta que se desarrollaron- está la última comparecencia en público de Pérez Touriño, el pasado jueves, tras la reunión del Consello semanal de la Xunta y su intención de celebrar uno más durante esta semana para evitar “un vacío de poder” hasta la votación presidencial. Según sus cálculos, al Ejecutivo entrante le quedarán 351 millones de euros libros en los presupuestos para este año, frente a los 271,6 millones que, dice Pérez Touriño, el PSdeG y el BNG tuvieron cuando llegaron al poder en 2005.

Pero el PP no las tiene todas consigo. La información que manejan es otra, con consellerías con las cuentas “prácticamente agotadas” y “muchas complicaciones” en delicados asuntos sobre los que pesa el cronómetro. Es el caso de la financiación autonómica, la reforma del Plan de Ordenación del Litoral y el concurso eólico, tres de los temas en los que los populares solicitaron datos concretos para entregar a los futuros responsables de los departamentos que se encarguen de la ordenación territorial, la economía e industria, junto con la situación del sector lácteo que maneja a día de hoy la Administración, las ayudas del Igape y el dispositivo contra incendios. En las seis cuestiones, por los plazos marcados por ley, la actuación y la toma de decisiones del futuro Gobierno tendrá que ser inmediata.