Los concellos de A Lama (Pontevedra), Pereiro de Aguiar (Ourense), Curtis (A Coruña) y Outeiro de Rei y Monterroso (Lugo) cifran en algo más de un millón de euros al año la cantidad con la que el Estado los tiene que compensar por los servicios básicos que prestan a las cárceles que albergan en sus términos municipales.
Los representantes de cuatro de estos municipios se reunieron ayer en Santiago para constituir formalmente la Sección de Concellos Galegos con Centros Penitenciarios dentro de la Fegamp. Los ayuntamientos alegan que en ellos recaen los gastos de transporte público, recogida de residuos y la limpieza de las vías a los centros, así como el aumento de carga de trabajo en los juzgados de paz o problemas de empadronamiento.
