POSE y BNG rompieron ayer sus relaciones en el concurso eólico. Las tensiones de las últimas semanas dieron paso ayer a un enfrentamiento abierto, de profunda crisis, tras abandonar la comisión de evaluación los dos representantes de las consellerías de Medio Ambiente y de Política territorial, ambas del PSOE, dejando sólo como parte del jurado encargado de elaborar la propuesta de adjudicación de parques eólicos a la Consellería de Innovación con sus siete representantes y la de Medio Rural, con un único miembro, las dos gobernadas por nacionalistas. Los representantes socialistas argumentan que albergan "dudas sobre la seguridad jurídica en normativa medioambiental" del proceso desarrollado en el concurso eólico, que ahora entra en su semana decisiva.

"Ya no hay vuelta atrás", aseguró por la tarde el director xeral de Calidade e Avaliación Ambiental de la Consellería de Medio Ambiente, Salvador García, sobre su decisión de no volver a incorporarse en la comisión de valoración.

La misma actitud puede atribuirse a Política Territorial. En un comunicado, el departamento de María José Caride explicó que el abandono de su representante en la mesa de evaluación, Rosario Puente, obedece a la falta de tiempo para poder analizar todos los planes, pero también lanzó una seria advertencia sobre el futuro del concurso al avisar que los proyectos seleccionados ahora por Innovación tienen que pasar posteriormente por el Consello de la Xunta y que el por simple hecho de superar esta primera criba ello no presupone que vayan a contar con todos los informes favorables antes de ser definitiva la adjudicación. Por esta razón, Política Territorial propuso la conveniencia de solicitar un informe a la Asesoría Xurídica para conferir una "mayor seguridad jurídica" al proceso.

El plante de los dos representantes de las consellerías socialistas no afecta en principio a la marcha de la comisión. Fuentes de la Consellería de Innovación aseguraron que la reunión continuó todo el día con el fin de elaborar la propuesta de promotores seleccionados y que nada le impide técnicamente redactar una propuesta de resolución para que la firme el conselleiro Fernando Blanco el próximo día 26, justo el último día de plazo.

El abandono de los representantes socialistas se produce sólo cuatro días después de que el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, defendiera la transparencia del concurso y expresara su confianza en la dirección del conselleiro nacionalista Fernando Blanco.

Lo que plantean las consellerías del PSOE, y que se sitúa como el origen del conflicto, es que lo primero que tendría que aprobarse es el nuevo plan sectorial eólico -todavía en tramitación y al que debe dar el visto bueno Medio Ambiente- para delimitar las áreas aprovechables para la energía eólica y luego ajustar a su diseño las concesiones de parques eólicos, pero nunca, como advierten que está pasando, adjudicar los parques primero y posteriormente aprobar el plan sectorial.

Pero la fórmula por la que ha optado la Consellería de Innovación, según sostiene Salvador García, es lo que puede generar la inseguridad jurídica y dar al traste con el concurso eólico.

La reunión de la comisión de valoración comenzó a las diez de la mañana, tras los dos intentos frustrados de la pasada semana, pero al poco ya se vio que su rumbo no marchaba bien. Innovación propuso que la mesa de evaluación se encerrara todo el día y el tiempo que hiciera falta para analizar los proyectos y cerrar la propuesta de resolución, a lo que los representantes de Política Territorial y de Medio Ambiente respondieron que necesitaban mucho más plazo para analizar las ofertas. Pero no se llegó a acuerdo y abandonaron la comisión de evaluación, no sin antes trasladar al resto de los miembros sus dudas sobre la seguridad jurídica del conjunto del proceso.

Aplazamiento

Por la tarde, Salvador García, en la sede de Medio Ambiente, detallaba los argumentos de la decisión de plantar la mesa de evaluación. Aseguró que desde el principio su departamento ya advirtió a Innovación de la "descoordinación temporal" de aprobar antes las concesiones que el plan sectorial, pero que si continuó en la comisión hasta ayer fue para intentar hacer valer los criterios ambientales analizando proyecto por proyecto, algo que no se hace en un día.

El director xeral de Calidade e Avaliación Ambiental propuso ampliar el plazo unos tres meses para que diera tiempo a estudiar todos los proyectos y, aunque no lo planteó oficialmente, no tuvo problema en admitir que bien se podría aprobar la resolución tras las elecciones de marzo, "pues el desarrollo de los proyectos no es inmediato".

Salvador García insistió en que "faltó compaginar" los intereses medioambientales y si bien acusó de "prisas" a Innovación para cerrar el proceso, no lo atribuyó a la proximidad de las elecciones, sino a la premura por "agilizar" el desarrollo industrial y económico de Galicia, aunque para ello "se haya atropellado un poco la legalidad vigente".

En todo caso y en contra de lo expuesto por su consellería, admitió que tuvo acceso a toda la documentación, pero que resultó "incapaz" de consultarla debido a su ingente volumen y a que Innovación en ningún momento le ofreció la lista de preseleccionados, lo que hubiera abreviado el trabajo.