La Sociedade Galega de Medio Ambiente (Sogama) adjudicó los trabajos de automatización, operación, mantenimiento y limpieza de la planta de clasificación de envases ligeros del complejo medioambiental de Cerceda (A Coruña), en contra del criterio de los técnicos. Así se desprende del escrito de denuncia enviado por personal de la empresa pública encargada del reciclaje de los residuos de Galicia. En este informe, registrado el pasado 12 de noviembre y dirigido a la Consellería de Economía y a la Intervención Xeral de la Xunta, trabajadores de Sogama advierten de supuestas anomalías en la gestión de la sociedad desde septiembre de 2005.

Al concurso para la adjudicación de la planta de reciclaje de envases (bricks, plásticos), que también incluye el mantenimiento de las instalaciones durante la próxima década, todo ellos por un importe total de más de 19 millones de euros, concurrieron seis empresas. Tanto la mesa de contratación -integrada por el entonces consejero delegado de Sogama, Francisco Bustío, y otros tres empleados de la sociedad pública- como la entidad Ecoembes, una sociedad sin ánimo de lucro autorizada por la Xunta, emitieron sendos informes coincidentes en los que optaban por la adjudicación a una empresa que no fue la que finalmente se hizo con el concurso, Cespa.

Según han hecho constar los trabajadores denunciantes, "pese a la existencia de tales escritos coincidentes, el señor presidente de Sogama, José Álvarez Díaz, usurpando las atribuciones de la mesa de contratación, decide unilateralmente suscribir con la Universidad de Vigo un contrato, para emitir un informe sobre las ofertas presentadas al concurso". Ese informe resulta "absolutamente divergente con la evaluación de ofertas de la mesa de contratación y el informe técnico de Ecoembes", precisa el personal de Sogama, que ha remitido su queja a la Consellería de Economía.

Los trabajadores denuncian asimismo que José Álvarez "elevó al consejo de administración la propuesta de adjudicación del concurso" de la empresa propuesta en el informe de la Universidad de Vigo, Cespa, "por presentar la oferta económicamente más ventajosa". El consejo de administración de Sogama aceptó y, finalmente adjudicó el concurso a dicha empresa privada. Los trabajadores de Sogama aseguran sin embargo en el escrito al que ha tenido acceso este periódico, que existía otra oferta "más ventajosa" que la presentada por Cespa.

Por este motivo, los firmantes del escrito entienden que existe "como mínimo, una irregularidad administrativa". "La elevación de la propuesta de adjudicación a favor de la empresa Cespa que el presidente de Sogama somete al consejo de administración, en lugar de la realizada por la mesa de contratación supone una actuación arbitraria", añaden las mismas fuentes.

Álvarez: "La adjudicación supuso un ahorro de dos millones"

El presidente de Sogama, José Álvarez, -que ayer volvió a reiterar su voluntad por comparecer en el Parlamento para "demostrar la falsedad de las acusaciones vertidas por el PP"- aseguró que la adjudicación de la planta de reciclado a Cepsa supuso un ahorro de "dos millones de euros" con respecto a otras ofertas presentadas. "Es cierto que había una oferta más barata pero no superó los criterios técnicos", justificó. Álvarez asegura que "siguiendo las recomendaciones del Consello de Contas" y con el fin de que "nadie cuestione" su gestión, encargó un "informe externo" a la Universidad de Vigo.

El presidente de Sogama niega además que exista la figura de la mesa de contratación, tal y como afirman los denunciantes y mantiene que fue "el consejo de administración de Sogama el que adjudicó las obras a partir de los tres informes no vinculantes con los que contaba".

Álvarez, que denuncia una "irregularidad" en el informe de Ecoembes -"por hacer constar que una de las empresas concurrentes debía modificar el proyecto"- mantiene que la adjudicación se otorgó a la empresa que "presentaba más ventajas".

"El contrato en su conjunto supone un ahorro con respecto al que proponen los técnicos", reiteró. Álvarez mantiene además que las prestaciones técnicas de las firmas preseleccionadas son similares y defiende que su puesto le exige "velar por la transparencia en la gestión del dinero público y conseguir la adjudicación más ventajosa".