El estrecho margen de maniobra que le queda a la comisión de valoración del concurso eólico, con, inicialmente, sólo 24 horas para revisar las candidaturas con más puntuación en el proceso, le ha valido a la oposición para cargar de nuevo contra el reparto y pedir su suspensión. “Huele a tongo”, asegura Ángel Bernardo Tahoces, portavoz de Industria e Enerxía de los populares gallegos en el Parlamento. “Resulta -añade- más propio de países como Somalia que de una comunidad autónoma avanzada en la que impera el estado de derecho”.

En el seno del PPdeG insisten en la convocatoria “in extremis” del organismo encargado de dar las últimas puntadas al reparto, “a 24 horas de la fecha prevista para dar a conocer el fallo”, lo que,en su opinión,“no hace más que incrementar las sospechas de manipulación del procedimiento”.

“ Aunque en el supuesto de que esa comisión se mantenga reunida [las críticas de los populares fueron anteriores a conocerse la suspensión de la sesión de ayer]de forma ininterrumpida, sólo dispondrá de 1,44 minutos para revisar cada una de las 1.000 solicitudes recibidas inicialmente para optar al reparto de potencia eólica”, aseguran. Más cálculos. Los “8,3 minutos” de los que dispondrían por cada oferta si sólo se encargaran de verificar “los anteproyectos que superaron el cribado inicial”.“Tiempo insuficiente”, en palabras de Tahoces, para “analizar los aspectos técnicos, pero también los proyectos empresariales asociados a cada una de las propuestas”.

Los reproches del PPdeG van más allá de la Consellería de Innovación, directamente contra el presidente de la Xunta y el vicepresidente.“ Quintana actuando como gran muñidor de favores y prebendas que parece repartir como si de un caudillo centroamericano se tratase”, y Pérez Touriño, según los populares,“ como una reina madre que evita entrometerse para evitar que le muevan el sillón presidencial”.

“Quintana -reitera Tahoces- reparte el botín y Touriño consiente el reparto, demostrando una cobardía cómpice que le convierte en cómplice del resultado de un concurso amañado que puede acabar reportando pingües beneficios a los elegidos”.“Y quien sabe si también algún político”, añade el portavoz popular de Industria, que califica el último proceso del concurso de “un paripé” con“nula credibilidad