La ministra de Medio Ambiente y de Medio Rural, Elena Espinosa, fue de las pocas que ayer se mostró satisfecha con la nueva formulación agraria acordada en el seno de la Unión Europea, porque consideró que se recogen la mayoría de las demandas españolas. No obstante, los ataques no se hicieron esperar.

La Consellería de Medio Rural dice que el nuevo acuerdo no satisface las necesidades del sector agrario gallego,y los sindicatos culpan al Ministerio de no defender a este colectivo. Pero para Espinosa la revisión de la Política Agraria Común (PAC) incluye ajustes que darán “estabilidad” a los agricultores españoles hasta 2013.De hecho, la ministra valoró que la reforma pactada suaviza las propuestas de la Comisión Europea, en ámbitos como la rebaja de las ayudas directas.Actualmente, ya se está aplicando una reducción del 5 por ciento,que se ampliará hasta el 10 por ciento en 2012 en las ayudas superiores a 5.000 euros.

Esta medida afectará, según explicó Espinosa, al 23 por ciento de los agricultores, y supondrá un total de 163 millones respecto a los 5.100 que obtiene España en subvenciones directas, por lo que“no tendrá un impacto real en la renta del sector”.

Respecto a la distribución de las cuotas, la ministra destacó que la revisión en 2010 y 2012 del aumento de las cuotas permitir su adecuación a la evolución del mercado y posibilitará la adaptación paulatina de los profesionales del sector al libre mercado que se establecerá en 2015.

Por otra parte,Espinosa destacó que el dinero que se obtenga de la “modulación”, es decir, del recorte de las ayudas,podrá destinarse a apoyar a productores de leche en zonas de montaña, aunque anunció que negociará con las comunidades si hace uso de estos fondos para respaldar el sector lácteo.Precisamente, Xunta y sindicatos no ven claro este punto,aunque todavía no saben como se formulará exactamente.

No obstante, la reserva de los fondos irá más allá,ya que la ministra señaló que los países podrán usar los presupuestos que quedan sin ejecutar para apoyar “determinadas actividades agrarias”, lo que supondría un total de 200 millones de euros para España.