En el arranque de cada legislatura, entre las muchas decisiones que tienen que tomar sus señorías está la de qué hacer con su trayectoria laboral. O entregarse los cuatro años en cuerpo y alma al debate político o compatibilizar la entrada en O Hórreo con la profesión de toda la vida. Las reglas de la Cámara son muy estrictas y los diputados están limitados para cualquier tipo de actividad mercantil, industrial o profesional si cobran la dedicación total, con una asignación fija de 2.075 euros al mes. Frente al Congreso, donde sólo el 13% -45 de los 350 representantes-, no ejercen otra actividad paralela, en el Parlamento, con uno de los ordenamientos más estrictos entre todas las autonomías, la renuncia a la exclusividad es la excepción que siguen los conselleiros socialistas que tienen también acta de diputado; la secretaria de organización del partido y, de momento, concejala en el ayuntamiento de A Coruña, Mar Barcón; y seis de las filas populares, que mantienen sus trabajos.

El Parlamento gallego se profesionaliza. Ésa es la tendencia. A que cada vez más diputados lo hagan con dedicación exclusiva. Una filosofía que comparten nacionalistas, socialistas y el PP, que incluyó esta recomendación entre sus conclusiones del pasado Congreso Nacional en Valencia.

"Ya no es sólo una cuestión de criterio político -explica Iago Tabarés, del Bloque y presidente de la Comisión del Estatuto del Diputado-. Tal y como está la composición de la Cámara, con una mayoría tan apretada que no permite ausentarse de ninguna votación, es difícil compatibilizar otra actividad". Firmes defensores de que la dedicación total permite defender mejor la confianza que los ciudadanos han depositado en los políticos, en el BNG hay 12+1 dedicaciones exclusivas. La 1 es de Anxo Quintana, que cobra por vicepresidente del Gobierno gallego. Los conselleiros nacionalistas renunciaron a su acta tras el nombramiento.

"En política -añade Beatriz Sestayo, del PSdeG-PSOE y también en la Comisión del Estatuto del Diputado- hay que estar implicado. Independientemente de la profesión que cada uno tenga". Desde el Partido Popular, el diputado Ignacio López Chaves, secretario de la Comisión, recuerda la opcionalidad de la dedicación. "Se puede optar por ella o no, así es el reglamento".

El régimen económico de los diputados gallegos se reformó en marzo de 2006 para actualizar las cuantías y "resultar más acorde" con el sistema en vigor en el Congreso y otras Cámaras autonómicas. El sueldo, de media, supera los 4.000 euros. La retribución fija, a modo de salario base, de 2.075 euros es únicamente para los que tienen dedicación total. Luego se contemplan una serie de indemnizaciones, a las que también tienen derecho los diputados que han renunciado a la exclusividad, con las que se pagan las funciones en los órganos parlamentarios -desde 4.825 euros a la presidenta, a 300 euros por presidir una comisión, pasando por los gastos para el resto de los que forman la Mesa o portavoces de los grupos; una ayuda fija de 2.092 euros para alojamiento y manutención, a la que se añaden dietas por citas oficiales y ayudas de transporte.

Antes de tomar posesión de su acta y al final de la legislatura, los diputados deben entregar una declaración de bienes y comunicar cualquier modificación durante los cuatro años. Un documento secreto, al que sólo tienen acceso los miembros de la Comisión del Estatuto del Diputado, que pueden pedir cualquier aclaración si consideren que la información cojea. No es lo habitual. No son casos frecuentes. El registro se apoya en la "honorabilidad" de los diputados. "No somos inspectores", reconocen los representantes de los tres partidos, que no descartan, si llegara a haber un acuerdo, dar publicidad a los registros como en los ayuntamientos.