X. A. Taboada / Santiago

Cuando todavía perviven los ecos por las disputas entre las comunidades autónomas a raíz de la publicación de las balanzas fiscales, el Gobierno dio ayer otro motivo para que continúen las desavenencias al avanzar su propuesta de financiación autonómica. El ministro de Economía, Pedro Solbes, garantizó los recursos necesarios desde el Estado para financiar todas las competencias transferidas, que ninguna comunidad recibirá menos de lo que percibe ahora y ofreció a los gobiernos regionales la cesión del 50% de la recaudación por el IRPF, el IVA y los impuestos especiales. Pero en su propuesta el Gobierno central no recoge una de las demandas claves de Galicia, que no es otra que a la hora de fijar el reparto del dinero procedente de las arcas del Estado se tenga en cuenta el envejecimiento y la dispersión de la población, dos factores que encarecen sobremanera la prestación de los servicios públicos. Por ésta y otras razones, la propuesta de Solbes no convence a la Xunta, que la ve "ambigua", "falta de definición" y con "varios elementos negativos".

La principal novedad del modelo pergeñado por el Ministerio de Economía radica en la cesión a a las autonomías del 50% de las recaudación por el IRPF, el IVA y los impuestos especiales, que gravan la venta de los combustibles, el tabaco, el alcohol o el consumo de electricidad. Actualmente la cesión está establecida en el 33, 35 y 40%, respectivamente. Por estos conceptos, Galicia recibió en 2006 unos 3.000 millones de euros, que con la propuesta se convertirían en algo más de 3.900 millones.

Pedro Solbes, que el próximo día 22 ha convocado a los representantes autonómicos para continuar con la negociación, aseguró en la presentación de las "líneas básicas" que el nuevo modelo mejorará la capacidad fiscal de los territorios, les dará mayor capacidad normativa sobre los tributos -lo que significa que las comunidades podrán modificar en parte los existentes o crear otros nuevos- y podrán recibir recursos adicionales basándose en los criterios de población y de superficie de la autonomía para reforzar el Estado del Bienestar.

Pero estos criterios de reparto son los que existen ahora, donde el factor determinante a la hora de decidir la distribución es el número absoluto de habitantes, no su diseminación o el nivel de envejecimiento. En este sentido, el vicepresidente económico del Gobierno indicó que los criterios actuales serán los que se mantengan en el futuro, salvo que el conjunto de las comunidades autónomas acuerde otros nuevos por consenso.

De la misma forma, la inclusión de factores que compensen económicamente a las autonomías con la población más envejecida o dispersa, como es el caso de Galicia, dependerá de que las negociaciones lleguen a un acuerdo unánime. "Si somos capaces de corregir este ajuste con un acuerdo unánime, bien, sino quedará así", precisó Pedro Solbes.

Precisamente la exclusión de los criterios de dispersión y envejecimiento es el principal motivo de reproche por parte del Conselleiro de Economía, Xosé Ramón Fernández Antonio, puesto que es una de las claves de la propuesta gallega de financiación, cuyos servicios básicos, como la sanidad o la educación, se ven encarecidos por estas circunstancias hasta cuatro veces más que la media nacional. "El documento presentado ayer es ambiguo y necesita mayor concreción, puesto que da pie a muchas interpretaciones y no hay cifras", dice el conselleiro.

Fernández Antonio ve en la propuesta factores positivos, como la cesión en un mayor porcentaje de la recaudación de los impuestos, el incremento de la capacidad normativa y las garantías de que habrá dinero para costear todas las competencias transferidas del Estado, pero también encuentra "elementos negativos; el principal, la exclusión de los criterios de envejecimiento y dispersión poblacional. "En este camino no se ha avanzado lo suficiente", sostiene.

El conselleiro buscará ahora alianzas con otras autonomías con intereses similares a los de Galicia para reforzar la presión, aunque prevé una "negociación muy difícil". Fernández Antonio también pretende reunirse con los grupos parlamentarios gallegos para "dar más fuerza" a las demandas de Galicia.