Desde que el Gobierno español se comprometió a difundir por primera vez las balanzas fiscales de las comunidades, el debate sobre la conveniencia de hacerlas públicas y sus posibles usos se ha convertido en motivo de polémica. ¿Pero qué son realmente estas balanzas? El término en sí se refiere a la diferencia entre lo que los ciudadanos aportan al Estado a través de sus impuestos y los beneficios que reciben a su vez de la Administración vía subvenciones, transferencias, salarios o inversiones directas.
Las balanzas fiscales son, por tanto, un instrumento útil para valorar lo que recibe y aporta cada comunidad al Estado, algo que permite medir la "solidaridad" de algunas regiones con sus vecinos e identificar a las autonomías más dependientes.
Hasta ayer, sin embargo, el Gobierno español nunca había hecho públicas las balanzas fiscales. ¿La razón? Evitar polémicas en torno a un modelo de financiación criticado por las regiones ricas.
Los economistas
Tampoco los economistas se ponen de acuerdo sobre la validez del concepto ni sobre su cálculo. El propio Ministerio de Economía y Hacienda, de hecho, ha recurrido a dos metodologías distintas y ha ofrecido hasta seis balanzas diferentes. La primera, la más habitual en los estudios académicos, es la de flujo monetario que mide el impacto de las balanzas sobre un territorio concreto. El de carga-beneficio, en cambio, pone el acento en el impacto sobre el bienestar de los ciudadanos, con independencia de dónde se recaude o se invierta. Un ejemplo: con el primer método la inversión en un tramo de AVE repercutiría sólo en el territorio donde se hace la obra, pero con el segundo, se tendría que imputar a todas las regiones a las que beneficie la línea.
