Las mismas fuentes explicaron, no obstante, que esta cifra, que tan sólo representa el 3 por ciento de la población, puede variar en función de las condiciones que el Gobierno español establezca para hacer efectiva esta medida. De hecho, la propia Constitución refleja en su artículo 13.2, que sólo los españoles pueden votar en unas elecciones, salvo en los casos en que haya reciprocidad, es decir, sólo podrían votar en España aquellos extranjeros cuyos países de origen permitan votar a los españoles en su territorio.
A este respecto, el PSOE, que planteará en septiembre una propuesta de ley para modificar la ley de extranjería y la ley orgánica de régimen electoral y permitir que este colectivo vote, confirmó la necesidad de elaborar un "mapa de convenios" con los países de origen. Precisamente, es esta condición la que hace que los representantes de los inmigrantes desconfíen de la ejecución de la medida.
El secretario de la Federación Galega de Asociacións de Inmigrantes (Fegai), Willy Álvarez Cancio, abogó por que la propuesta socialista sea asumida por el Gobierno de forma "unilateral" y advirtió de que muchos países latinoamericanos, como el caso de Ecuador, no van a cambiar su normativa. "Si España condiciona esa medida a la existencia de reciprocidad, es probable que la idea del PSOE se quede sólo en una intención".
En todo caso, el presidente de esta federación, que agrupa a asociaciones de inmigrantes de África, América Latina y Europa del Este, calificó la propuesta de los socialistas como un "avance positivo", que permitirá "dar un paso adelante en los derechos de los inmigrantes, ya que ahora podrán elegir a quienes les dirigen".
CONTRADICCIÓN
Sin embargo, las asociaciones de inmigrantes también recuerdan que "hay otros problemas y necesidades más urgentes de este colectivo" y, en ese sentido, calificaron de "contradicción" que el PSOE presente una iniciativa que permita efectuar los cambios jurídicos necesarios para que voten los inmigrantes y, al mismo tiempo, un Gobierno del mismo color político apoye la directiva europea sobre repatriación.
Willy Álvarez subrayó que esta norma supone "una violación de los derechos de una parte importante de la población" y, aunque abogó por "poner freno" a la entrada masiva de inmigrantes ilegales, precisó que "no se puede echar por la fuerza a una persona que ya se ha buscado la vida en España, aunque no tenga papeles".
Álvarez aseveró que la presencia de este colectivo "rejuvenece" a la población española en general y gallega en particular, y lamentó que esta paradoja entre la propuesta que salió del 37º Congreso del PSOE y la actuación del Ejecutivo central evidencia que "estas iniciativas tienen un objetivo electoralista, y en realidad no son una preocupación por el interés de los inmigrantes".
Por otra parte, el presidente de Fegai también criticó el endurecimiento de los requisitos para dar vía libre al reagrupamiento familiar, y recordó que ese endurecimiento es "inhumano". Así, apuntó que "hasta ahora ya era difícil conseguir ese reagrupamiento porque hay que demostrar muchas cosas, pero ahora va a ser imposible".
PARTICIPACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN
El secretario xeral de Emigración de la Xunta, Manuel Luis Rodríguez González, afirmó, en declaraciones a Europa Press que la participación ciudadana del colectivo inmigrante es un "elemento clave" para la consecución de la convivencia intercultural y abogó porque, en este proceso, se establezca la idoneidad de cualquier persona "independientemente de su origen", tal y como se recoge en el Plan Galego de Cidadanía, Convivencia e Integración 2008-2011.
En ese sentido, Rodríguez recordó que el derecho al voto de los inmigrantes "implica ahondar en la verdadera integración de este colectivo sobre la base de la igualdad, tanto en lo que se refiere a derechos como a obligaciones", y así se refleja también en el texto de los Principios Comunes Básicos sobre Integración aprobados por el Consejo de la UE en 2004.
El secretario xeral explicó, además, que esta medida supondría un beneficio para la sociedad en general, ya que se avanzará hacia la percepción de que "los inmigrantes no son extraños, sino personas que participan en el marco de una comunidad política".
PROCESO
El PSOE esperará a septiembre para presentar en el Congreso una proposición que permita a los inmigrantes 'legales', que tengan residencia acreditada y estable en España, votar o ser elegidos en los próximos comicios municipales de 2011, aunque sus mandatarios ya han condicionado dicha propuesta a la existencia de consenso con las demás fuerzas políticas.
De hecho, el PP ya manifestó que apoyará la medida "siempre que exista reciprocidad entre sistemas democráticos equiparables al español", y recordó que la propuesta "no es nada nuevo", ya que algunos extranjeros procedentes de países miembros de la UE ya pudieron votar en las últimas elecciones municipales.
Para ejecutar esta medida, el Gobierno buscará acuerdos bilaterales con los países de procedencia de estos inmigrantes, para que exista la obligada reciprocidad. Así, España pretende ampliar los convenios que ya tiene con Estados como Argentina, Chile o Uruguay, a otros países como Ecuador, Bolivia, República Dominicana o Colombia.
