Para que no se repitan estafas como la de Salvaterra, donde un supuesto promotor vendía viviendas en construcción que no eran suyas, la Xunta creará el Registro de Agentes Promotores de Galicia, donde "cualquier ciudadano podrá consultar la solvencia económica, financiera y técnica, resoluciones y sanciones de cualquier entidad dedicada a la promoción inmobiliaria".

De este modo, se acabó hacer la inversión de tu vida y no saber a quién compras o adelantar dinero para un piso que el constructor no llega a terminar, pues está ahogado por las deudas. La Xunta abrirá un canal de información para que el consumidor adquiera su vivienda sabiendo a quien se confía y no se lleve sorpresas de última hora.

La creación de este registro, que ya existe en otras comunidades, es una de las novedades del anteproyecto de Ley de Vivienda de Galicia, que sustituirá la norma de 2003 y que fue presentado ayer por la conselleira Teresa Táboas. El presidente de la Federación de Promotores de Edificios y Suelos de Galicia (Feproga), Javier Garrido, reaccionó ayer a esta nueva medida, asegurando que al sector "no le asusta" el registro, pero sí teme que con esta y otras acciones "se estigmatice" a la profesión. Garrido se preguntó por qué "no se crea un registro de políticos", pues hay actividades que "deberían estar más controladas" que la de la construcción.

En todo caso, el portavoz de los promotores advirtió de que la ley es muy genérica en este punto, y su colectivo aguarda al desarrollo reglamentario para saber en que queda al final el registro y pide a la Consellería de Vivenda que le "deje opinar como ha hecho siempre". La futura norma establece en concreto que la Xunta "podrá poner en funcionamiento registros de homologación de los agentes de la edificación que desempeñen su actividad en Galicia".

Una cuestión ética

El nuevo texto, que será aprobado el jueves por el Consello de la Xunta para su remisión al Parlamento de Galicia, ha sido elaborado durante más de un año, y en un primer borrador recogía la prohibición para los alcaldes y ediles de ejercer como promotores inmobiliarios en sus respectivos ayuntamientos, una iniciativa que ya en su momento también disgustó a este sector profesional, que entendía que se le estaba criminalizando. Sin embargo, este veto al final "queda como una cuestión ética", tras la negociación entre el equipo de Táboas y la Consellería de Presidencia, que alegaba "cuestiones jurídicas" para oponerse a esta prohibición.

Táboas admitió ayer que "prefería" el veto expreso de que un regidor pudiese ser promotor en su municipio, pues entiende que "existe una demanda social" al respecto.

Finalmente, la disposición adicional séptima de la Ley de Vivienda reforma la Ley de Administración Local de Galicia, donde se recogerá como "una cuestión ética" que los cargos municipales no deben actuar en beneficio propio o de terceras personas.

Los promotores agradecen el diálogo con Táboas, pero lamentan que las principales alegaciones que hicieron al proyecto no fueron tenidas en cuenta.