La juez del Juzgado de Instrucción Número 2 de Tui ha dictado orden internacional de busca y captura contra Manuel Martínez Barros, el gerente del grupo de empresas Marbar, de Tomiño. La magistrada atiende así la denuncia presentada en mayo por la Fiscalía de Delitos Económicos de Vigo, que considera que hay indicios suficientes de alzamiento de bienes y de que el empresario pudo planificar su desaparición tras apropiarse del dinero de las sociedades que tenía depositado en varias cuentas bancarias. Martínez Barros permanece en paradero desconocido desde el pasado 21 de enero, cuando sus 48 trabajadores y las firmas proveedoras y de subcontratas de Marbar -que reclaman casi dos millones de euros en deudas- dieron la voz de alarma. Con la fuga, otros 300 vecinos de la comarca se quedaron sin las casas que le habían comprado en varias de las promociones que tenía en marcha.

La orden judicial se envió directamente a las oficinas en Madrid de la Unidad de Coordinación Policial Internacional que engloba a los cuerpos dirigidos por la Interpol, la Europol y la Sirene, y que tiene tiene objetivo el control eficaz en las fronteras y el intercambio de información sobre personas que están perseguidas por la justicia. El protocolo habitual que se realiza en casos como éste incluye la grabación de los datos del empresario en los archivos informáticos de las entidades policiales internacionales para que cualquier agente pueda echar mano de ellos en cualquier momento sea cual sea el país.

Con la orden ya dictada, y a la espera de que las fuerzas policiales den con el paradero del empresario de Tomiño, el Juzgado Número 2 de Tui ha archivado temporalmente el proceso abierto contra él. Siguen adelante las demandas laborales de los trabajadores del grupo Marbar, que se están llevando a cabo en el Juzgado de lo Social Número 5 de Vigo.

En cuanto a las empresas acreedoras, el Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Pontevedra ha dictado el anuncio de concurso necesario, publicado el pasado día 5 de junio en el Diario Oficial de Galicia (DOG) con un plazo de un mes, con lo que las firmas acreedoras podrán presentar sus créditos ante el tribunal hasta el próximo sábado.

Un grupo de unas 22 empresas ya presentó una demanda conjunta que suma una deuda de 1.800.000 euros que se añade a la presentada por una entidad bancaria, según informó ayer el representante legal de los empresarios, Carlos Coladas. El abogado mantiene que tal y como recoge el anuncio del DOG, los componentes de la administración concursal son una abogada, un economista y un acreedor. "No nos personamos en el Juzgado porque no nos consta que esté abierta una causa penal. En el caso de que eso ocurriese, se estudiaría la conveniencia, o no, de hacerlo", señaló Coladas.

Tanto los trabajadores como de las empresas acreedoras han salido a la calle para pedir ayuda para aliviar la situación.