Los tres aeropuertos gallegos deben coordinar sus ofertas para ofrecer a los ciudadanos gallegos la mejor disponibilidad posible de vuelos. Ésta es una de las Directrices de Ordenación del Territorio, que intenta así impulsar la complementariedad de Peinador, Lavacolla y Alvedro y que no pierdan competitividad frente al aeropuerto de Oporto. También se obligará a "mejorar la accesibilidad de los aeropuertos", de tal modo que, por ejemplo, abunden las frecuencias de autobuses, y se presionará al Gobierno español para que la Xunta pueda participar en la gestión del sistema aeroportuario.
Las directrices que son unas doscientas conceden especial importancia a las infraestructuras, y en concreto a las portuarias, al establecer que los puertos de interés general (Vigo, Marín-Pontevedra, Vilagarcía, Ferrol-San Cibrao y A Coruña) y los nuevos puertos exteriores de Ferrol y la urbe herculina tendrán que contar con "conexiones ferroviarias y con acceso viario a través de vías de altas capacidad con la red general del Estado".
Asimismo abren la puerta a la reubicación fuera de las instalaciones portuarias de actividades productivas en este momento allí instaladas. Además fijan como criterio general priorizar el acondicionamiento de los puertos tradicionales y las instalaciones ya existentes frente a la creación de nuevos puertos deportivos.
La alta velocidad
Las futuras estaciones del AVE tendrán "la máxima accesibilidad" y serán intermodales. Es decir, que el ciudadano recién llegado de Madrid, pueda bajarse del tren y desde el mismo punto coger un autobús o cualquier otro servicio de transporte que le lleve a su casa o su cita de trabajo. Ante la futura llegada de la alta velocidad, la Xunta también apuesta por "mantener y potenciar la red convencional para uso preferente de mercancías y cercanías".
Las futuras directrices obligarán a los ayuntamientos a garantizar la movilidad de sus vecinos, impulsando sistemas de transporte públicos y sostenibles, a diseñar corredores ecológicos que reduzcan o aminoren la contaminación urbana, y a dedicar la zonas de mayor productividad a usos agrarios y ganaderos.
Por otra parte, al proyectar hospitales, espacios administrativos o infraestructuras culturales o deportivas, habrá que reservar espacios para aparcamientos y planificar la llegada de los servicios de transporte público hasta el lugar.
Las órdenes elaboradas por la Consellería de Política Territorial bajan hasta el detalle de prever que "en todo nuevo desarrollo urbanístico se deben contemplar conductos o galerías subterráneas que faciliten la implantación posterior de redes de telecomunicación". Es decir, se acabaron las obras interminables en una misma calle, abriendo zanjas un día sí y otro también. Pensando en la estética, "en los nuevos desarrollos urbanísticos los tendidos y redes de instalaciones energéticas serán subterráneos".
Garantía de agua
Para frenar el urbanismo salvaje y de paso combatir la urbanización difusa, el departamento que dirige María José Caride ha decidido que no se pondrán levantar edificios, centros comerciales o polígonos industriales, "si antes no está garantizado el abastecimiento de agua y el saneamiento de las aguas residuales", y en estos nuevos desarrollos tendrá que haber obligatoriamente dos redes de evacuación de aguas, separadas e independientes, para aguas pluviales y para aguas residuales.
Además, al decidir la ubicación de una nueva instalación se priorizarán lugares donde ya hay red de aguas, frente a espacios donde habría que dotar este servicio, aunque esté garantizada su financiación.
Limitaciones
La Xunta también ha acordado que no se podrá urbanizar en los entornos de los ríos y embalses de Galicia, para evitar riesgos de inundaciones. Otra limitación es que las nuevas plantas de acuicultura sólo podrá emplazarse en suelos de titularidad pública explotados en régimen de concesión.
Las directrices a punto de aprobación, establecen los criterios para la "posible implantación" de instalaciones de producción de energía eólica marina, a la que el propio Gobierno gallego se opone y por cuya competencia mantiene abierto un conflicto con el Ejecutivo central.
