El Parlamento gallego ha aprobado hoy, definitivamente, la Lei de Salud de Galicia que, según el Gobierno, pone énfasis en el carácter público del sistema y liquida las fundaciones sanitarias, creadas en la época del PP, que votó en contra del texto.

Esta Lei integral de salud, según el Gobierno, refuerza el carácter público de la Sanidad y establece un código de derechos de los usuarios, entre ellos la creación del Vicevaledor del Paciente, que será nombrado por el Parlamento y no por la Consellería de Sanidad, entre personas independientes y de prestigio.

Entre las novedades de la norma, figura el establecimiento de la salud mental y la atención a la drogodependencia dentro de la asistencia sanitaria, como cualquier otro aspecto de salud, al no ser consideradas como prestaciones independientes. Otra de las novedades de la norma estriba en el establecimiento de mecanismos de coordinación entre Sanidad y Bienestar.

Durante el debate parlamentario se produjo un cruce de acusaciones entre el portavoz del PP, Miguel Santalices, y la socialista Mar Barcón, al argumentar el primero el "colapso" sanitario que a su juicio vive Galicia con el actual Gobierno, mientras la parlamentaria del PSOE lo acusó de defender únicamente intereses privados.

Santalices insistió en que la Lei llega en un momento en que hay una "crisis sanitaria" con listas de espera en atención primaria, "colapso asistencial" en urgencias, "listas cerradas" en algunas especialidades o las demoras en casi dos años de otras.

Además, el diputado popular lamentó que, pese a que en el texto se liquidan "algunas fundaciones" se deja la puerta abierta, dijo, a la creación de otras. "Quieren echar abajo las del PP para hacer las suyas", manifestó.

Igualmente, insistió en que la Lei no resuelve los principales problemas de los ciudadanos: "esperas diagnósticas en tiempos ilógicos".

Por su parte, Mar Barcón, que dijo al diputado que parece José María Aznar durante el congreso del PP del pasado fin de semana, por presentar un panorama catastrofista de la sanidad, insistió en que la Lei de Salud amplía derechos y ofrece garantías de demoras máximas en intervenciones quirúrgicas, mientras integra las fundaciones en el Sergas, cuyo saneamiento ha costado 23 millones de euros al actual Gobierno, apuntó.

Barcón, además, dijo al parlamentario que hace 22 años el dirigente del PP José Manuel Romay, cuando se iba a aprobar la Ley General de Sanidad, "dijo lo mismo que usted", al salir en defensa de la sanidad privada. Según indicó, los socialistas sí tienen confianza en ella, pero más en la pública.

Igualmente, reprochó a Santalices sus críticas al Gobierno por las constantes movilizaciones de personal sanitario, cuando, dijo, mientras gobernaba el PP "centenares de médicos" tuvieron que irse de Galicia.

La norma sustituye a una anterior elaborada en 2003, en la época en que gobernaba el PP y aprobada en solitario por esta fuerza política, sin haber sido consensuada con los sectores implicados, destacó la nacionalista Cristina Ferreiro, que acusó a los populares de aplicar una política "ultraliberal" que reafirmó las fundaciones sanitarias, en un "vertiginoso" paso hacia la privatización.