La sombra de la duda merodea sobre casi cinco millones de euros que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la Sepi, cedió a través de uno de sus brazos inversores a la Xunta entre 2003 y 2005 para la concesión de microcréditos a pequeñas empresas y autónomos gallegos. El Tribunal de Cuentas ha revisado los números del convenio en el que se establecieron las ayudas y no tiene nada claro que ha pasado con ellas. Critica el descontrol por parte del organismo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, que al no intervenir directamente en la gestión de los fondos, desconocía "en cada momento" el saldo de cada uno de los préstamos concedidos y, por lo tanto, los posibles morosos. El Sepides, la filial que se utilizó para canalizar los 4,912 millones de euros, "no podía efectuar control alguno sobre las operaciones que financiaba".
Hay que remontarse hasta 2003. Presentado como uno de los antídotos del Gobierno central, por entonces en manos del Partido Popular, contra la grave crisis del Prestige, la Xunta y la Sepi firmaron en febrero un convenio en el que se establecían varias medidas de ayuda para paliar los efectos de la marea negra. Uno de esos planes se concretó meses después, en mayo, con otro convenio de colaboración entre el Sepides y el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) y las principales entidades financieras que operan en Galicia para habilitar una línea de microcréditos para autónomos y empresas de muy pequeño tamaño. El presupuesto, hasta 10 millones de euros, de los que cada una de las administraciones ponía la mitad. La cuantía máxima de los préstamos era 25.000 euros, el tipo de interés era de un 2,5% y el plazo de pago podía alargarse hasta 10 años. El dinero no podía destinarse a la compra de terrenos o inmuebles. A la hora de otorgarlos, había que tener en cuenta la viabilidad económica del proyecto y la capacidad financiera de sus responsables.
Toda la tramitación caía en manos de las entidades financieras, que se encargaban de recibir las solicitudes y dar una primera valoración; y en el Igape, que tenía la última palabra en función de los fondos disponibles.
481 microcréditos
En 2003, según el Tribunal de Cuentas, se formalizaron 426 microcréditos para los que el Sepides desembolsó 4,311 millones de euros. Un año después, el Igape aprobó otros 55 solicitudes, para los que el organismo del Ministerio de Economía puso sobre la mesa 601.000 euros. En el último ejercicio que estuvo en vigor el convenio no se autorizó ningún crédito. ¿Cuánto dinero recuperó el Sepides? Pues en el trienio auditado, 951.000 euros, con 25.000 euros que se perdieron en ese periodo por proyectos fallidos.
"A pesar de que en los tres años fiscalizados el índice de morosidad fue muy poco significativo -apunta el Tribunal de Cuentas-, dado que los microcréditos podían tener un plazo de reembolso de hasta 10 años, sería prudente que por parte del Sepides se realizara una estimación global de riesgos, en tanto no sea posible hacerlo de modo individualizado por cada prestario, y se dotara la correspondiente provisión por insolvencias".
Porque, hasta ese momento, no se había hecho. El control del Sepides, "a pesar de aportar el 50%" de los fondos, "se limitaba", destaca el ente fiscalizador, a las comunicaciones que recibía del Igape con información de los beneficiarios de los microcréditos agrupados por la entidad financiera que fuera intermediaria. Una información que ni siquiera estaba informatizada. "No se producía el registro de las operaciones por beneficiario", por lo que el Sepides simplemente contabilizara los desembolsos que cada mes hacía a las cajas o bancos, "sin identificar a cada beneficiario". "De esta manera -continúa el Tribunal- Sepides no podía efectuar control alguno sobre las operaciones que financiaba y sobre la gestión de concesión o cobro ni conocer en cada momento el saldo pendiente de cada uno de los créditos y, en su caso, los supuestos de morosidad que se hubieran podido producir". La información sobre los riesgos llegaba cuando "ya se habían producido los fallidos".
