El Parlamento vasco aprobó ayer un dictamen sobre los sucesos producidos en Vitoria en 1976, en los que murieron cinco trabajadores por disparos de la Policía como consecuencia de una carga contra una asamblea de obreros, en el que denuncia las "responsabilidades políticas" sobre los trágicos hechos de los entonces ministros de Interior, Manuel Fraga; de Relaciones Sindicales, Rodolfo Martín Villa; y de de Presidencia, Alfonso Osorio.

El documento se aprobó en una comisión especial del Parlamento vasco destinada a investigar los sucesos de Vitoria y ahora deberá ser elevado al pleno de la Cámara para su aprobación definitiva. A favor del dictamen votaron los grupos del tripartito (PNV, EA y EB) y el PSE. El PP votó en contra por considerar que se ha realizado una "utilización sesgada" de los hechos mientras que PCTV-EHAK también emitió su voto negativo pero por entender que el texto resulta "insuficiente" para atender a las víctimas.

El dictamen denuncia que la versión oficial existente hasta ahora "falta a la verdad" y califica de "desproporcionadas" las instrucciones para el desalojo de la asamblea de trabajadores que se estaba celebrando el 3 de marzo de 1976 en la iglesia de San Francisco de Asís del barrio vitoriano de Zaramaga.

El documento de la comisión especial, ante la que han comparecido historiadores, víctimas, testigos y periodistas, enmarca los hechos en un contexto de "conflictividad laboral" en el que, entre otros factores, concurrían cuestiones como un reciente decreto de congelación salarial. No obstante, se reconoce que las protestas tenían "una dimensión política que trascendía de la demanda estrictamente laboral".

Plan preparado

También establece que "no es posible determinar la importante cuestión de si existió o no un plan preestablecido" para que la Policía impidiera la celebración de la asamblea "con la violencia finalmente empleada".

No obstante, considera "fehacientemente probado" un conjunto de "causas generales que dieron lugar a esos sucesos". Entre ellas, se encuentra "el uso irresponsable y homicida de armas de fuego para responder a un problema de orden público y de origen laboral", así como la "inadecuada dotación y preparación del operativo policial". Todo ello, en un contexto de "falta de libertades esenciales que caracterizaba la situación sociopolítica del país".

Asimismo, el dictamen apunta a las "instrucciones desproporcionadas que incitaban a desdeñar los derechos humanos más elementales" y a la existencia de órdenes "procedentes de alguna instancia de la línea de mando, cuyo vértice era el Gobierno de España". Además, señala que dichas órdenes fueron ejecutadas por funcionarios del Estado "sin que se hayan determinado responsabilidades personales".

Fraga se negó a ayer a hacer declaraciones sobre la resolución del Parlamento vasco. Sin embargo, el ex presidente de la Xunta sí había dado explicaciones al respecto de los sucesos ocurridos en Vitoria después de negarse a asistir a la comisión parlamentaria que investigaba la muerte de los cinco trabajadores. Según había aclarado, se encontraba de viaje cuando se produjeron los altercados. Una vez regresó del extranjero, su intervención "contribuyó a encauzar la situación", según sus palabras. "En los días sucesivos se tomaron otras medidas como la destitución del gobernador y no se produjeron más incidentes", recordó Fraga.