11 de junio de 2008
11.06.2008

El fiscal no ve delito en la concesión de la vía de Barbanza y pide sobreseer la causa

11.06.2008 | 02:00
El director xeral de Obras Públicas, tras comparecer ante el juez, en Santiago. / XoÁn Álvarez

"No hay elementos mínimamente suficientes para proseguir con las actuaciones", señala

La Fiscalía Superior de Galicia ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago el sobreseimiento de la causa contra la Xunta por la adjudicación de la Autovía de Barbanza. El Ministerio fiscal argumentó que "no existen elementos mínimamente suficientes como para la prosecución de las actuaciones penales". El caso se abrió a raíz de una denuncia presentada por el PP en la que acusaba al Gobierno bipartito de cometer un delito de prevaricación y tráfico de influencias al conceder las obras para reformar este vial.
Según la demanda formulada por el Partido Popular, la actual Xunta revocó una decisión tomada por la mesa de contratación del Gobierno de Fraga, que había seleccionado como adjudicataria de las obras a una UTE de empresas liderada por San José, y reasignó la ejecución de este vial a otra empresa distinta, a Sacyr, con un "sobrecoste de 30 millones de euros", según el PP.
A raíz de esta querella el juez abrió diligencias y llamó a declarar como imputados a los directores xerais de Obras Públicas, Manuel Morato, y al de Política Financiera, Eugenio García Lalinde, además de al subdirector xeral de Estradas, Antonio López Blanco, y a la jefa del servicio provincial de Carreteras de A Coruña, Teresa Palacios.
La Fiscalía comunicó ayer su decisión de demandar al juzgado de instrucción número dos de Santiago que dé carpetazo al asunto y apunta dos razones. Por un lado, que no hubo ninguna queja por vía administrativa en relación a la decisión adoptada por la mesa de contratación.
"No se puede entender cometida una prevaricación , pues para ello sería necesario que se hubiese dictado una resolución en asunto administrativo, lo que en este caso, no ha sucedido", argumenta el Ministerio público.
Por otra parte, el fiscal apunta que tampoco se ha podido constatar "con un mínimo de objetividad" que hubiera tráfico de influencias en la adjudicación.
Tras conocer la decisión del fiscal, la Consellería de Política Territorial reiteró su confianza en la justicia y mostró su convencimiento de que los tribunales demostrarán la "honradez y profesionalidad" del equipo técnico de este departamento.

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