08 de junio de 2008
08.06.2008

La burocracia de la Xunta frena las ayudas a 24.000 familias gallegas con dependientes

08.06.2008 | 02:00
Simón Espinosa

El 80% de las solicitudes analizadas en Galicia cumplen los requisitos para recibir las prestaciones

Detrás de la Ley de Dependencia hay historias muy duras, de familias enteras que tienen que dedicarse en cuerpo y alma a uno de sus integrantes, que les necesita las 24 horas del día y los 365 días del año. Estas familias esperan todavía una ayuda prometida el pasado año para que ellos y sus bolsillos respiren. Y es que Galicia es una de las comunidades españolas con más población dependiente, unas 95.000 personas, según las estimaciones de la Xunta. En coherencia, también se sitúa entre las que recibe mayor volumen de solicitudes. Hasta principios de esta semana, según los últimos datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), se habían presentado 43.120, de las que sólo el 44,10% estaban ya valoradas, el trámite previo al cobro de las prestaciones. Más allá de las frías cifras, la consecuencia es demoledora: la burocracia autonómica obliga a unos 24.000 gallegos a seguir aguardando en lista de espera, la más elevada en España. Porque la media nacional de resoluciones año y medio después de la aprobación de la ley ronda el 76,8%.
Galicia es la tercera comunidad que más solicitudes recibe: el 10,28% de las 419.482 contabilizadas por el Imserso. Sólo Andalucía (144.824) y Cataluña (44.578) acumulan más peticiones. Entre las tres acaparan la mitad del total. El resto de autonomías está por debajo del 6%, como Castilla-La Mancha, siguiente en el ránking.
De las 19.016 instancias presentadas ante el departamento de Benestar de la Xunta, el 80% tuvo un dictamen favorable para ser beneficiarios de las ayudas. Más de 13.500 con un grado III en el baremo de dependencia, y 1.658 de nivel dos del grado II. Éstos son los dos supuestos a los que va dirigido la primera tanda de subvenciones de la Ley de Dependencia, que financian el sueldo de los cuidadores -unos 500 euros al mes- y, por otro, se destinan a una paga de entre 800 y 1.300 euros para costear la atención a los enfermos y los servicios que no cubre la Administración.
En Vicepresidencia tienen datos muy diferentes. Así se remiten a los que dio Anxo Quintana el 12 de mayo ante la Ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera. Según el vicepresidente, se registrarían 46.122 solicitudes, de las que se habrían evaluado el 61,9%. Y la intención nivelar demanda y valoraciones después del verano.

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