El dictamen de la comisión que investigó el caso de la supuesta agente electoral del PSdeG-PSOE exime de responsabilidad al Gobierno gallego y tan sólo reconoce que el procedimiento por el que se costeó el vuelo a esta emigrante que viajó a Buenos Aires durante la campaña de las pasadas elecciones municipales "no fue adecuado" y admite también la necesidad de "incrementar el rigor" en la concesión de subvenciones para la contratación. Así lo recoge el texto que ayer pactaron PSOE y BNG. Los nacionalistas respaldaron, de esta manera, la actuación de sus socios de gobierno y los eximieron de culpa el caso de la supuesta agente electoral.
En este dictamen no se admite, en ningún momento, que María Isabel Blanco viajara a Buenos Aires para actuar como agente electoral del PSOE antes de las elecciones municipales de 2007. Simplemente se apunta que esta emigrante voló a Argentina con un billete sufragado por la Secretaría Xeral de Emigración dentro de un programa específico de la Xunta y que allí "coincidió en actos electorales celebrados por el PSdeG en Argentina" con Felix Porto, candidato socialista a la Alcaldía de Muxía.
En el texto se deja patente que la actitud de María Isabel Blanco denunciando su papel de agente electoral fue "posterior a la visita que le hicieron representantes del Partido Popular".
Constatados estos hechos el texto pactado por PSOE y BNG reconoce "deficiencias" en dos de las formas de proceder del Gobierno gallego. Una de ellas es la referente a la financiación del vuelo a María Isabel Blanco, aunque aclaran que se trata de una pauta "heredada del anterior Gobierno". Su viaje se financió en base a un convenio suscrito con una compañía aérea que permitía costear billetes a algunos emigrantes sobre todo por razones humanitarias.
En sus conclusiones el dictamen propone regular la concesión de este tipo de viajes y limitar las visitas institucionales al extranjero cuando se convoquen las elecciones autonómicas.
También se reconoce que la Consellería de Traballo subvencionó la contratación de María Isabel Blanco para que trabajara en la Asociación de Viticultores do Castro y que finalmente ésta fue seleccionada como empleada de Unións Agrarias. Para evitar que situaciones como ésta se repitan el dictamen insta a Traballo a obligar a todas las entidades beneficiarias de ayudas para la contratación a que informen de las modificaciones que puedan producirse en el puesto de empleo subvencionado.
Además se insiste en la necesidad de reformar la ley electoral gallega para que se garantice que el recuento de votos de los emigrantes finalizará en el plazo máximo de tres días tras las elecciones autonómicas.
"Hubo deficiencias que deben ser corregidas pero ningún comportamiento de carácter doloso", señaló el socialista Xaquín Fernández Leiceaga. El portavoz del BNG, Carlos Aymerich, confía, sin embargo, en que en la Xunta se "tomen las decisiones oportunas" y citó el caso de la directora de la Fundación Galicia Emigración que dimitió por entregar ayudas en periodo electoral.
