PSdeG y BNG pactan un dictamen que no exige responsabilidades al Gobierno

El portavoz del BNG, Carlos Aymerich, mostró su confianza en que, en base a los hechos "acreditados" relatados en el dictamen, el Gobierno asuma sus responsabilidades "como aseguró el presidente de la Xunta que haría", a pesar de que el dictamen aprobado conjuntamente con el PSdeG no exige responsabilidades.

Por su parte, el socialista Xaquín Fernández Leiceaga indicó que el dictamen señala que hubo "deficiencias" que deben ser corregidas, pero no acredita que hubiese ningún "comportamiento de carácter doloso", por lo que entiende que el Gobierno no tiene que asumir responsabilidades.

El texto deberá ser ahora sometido a las enmiendas oportunas antes de ser aprobado en comisión a finales de la próxima semana y después tendrá que ser aprobado en pleno.

Preguntado por las responsabilidades que pide el BNG, Carlos Aymerich explicó que en otras ocasiones, en referencia a la entrega de cheques por parte del personal de la Fundación Galicia Emigración, el Gobierno gallego y el partido afectado (PSOE) "estuvieron a la altura de las circunstancias", ya que se produjo el cese de la directora, Pilar Pin.

Sobre la razón por la que no aparece en la propuesta del dictamen que María Isabel Blanco actuó como agente electoral, como denuncia el PPdeG y como manifestó el propio Aymerich durante las comparecencias, el diputado nacionalista indicó que en el texto que apruebe la ponencia "hay que poner lo que está acreditado", ya que debe ser aprobado "por otros grupos, socios" e indicó que otra cosa es la opinión que él tiene.

A su juicio, si el Ministerio Fiscal fuese "independiente" podría actuar de oficio y pedir el dictamen para analizarlo. "Si lo pide, el BNG se lo entregará gustoso", dijo.

Para Fernández Leiceaga los hechos probados son que los viajes al exterior se hicieron igual que con los gobiernos anteriores, "con trámites escasos", a la vez que quedó una cuestión clara, "la exculpación reiterada de la Consellería de Trabajo", por lo que aseguró que no entiende "dónde puede haber responsabilidades políticas".

Antonio Rodríguez Miranda (PPdeG) calificó de "día triste para los gallegos y la democracia" esta jornada porque el BNG le ha dado "garantías" al PSdeG de que "puede actuar con patente de corso para cometer irregularidades y presuntas ilegalidades".

Rodríguez Miranda mostró su desacuerdo con el texto pactado y aseguró que la comisión aún no ha concluido sus trabajos ya que aún falta gente por comparecer en la misma, entre ellos el conselleiro de Presidencia, José Luis Méndez Romeu, que "mintió" con la investigación interna que hizo la Xunta.

El texto pactado por BNG y PSdeG establece como "hechos" que María Isabel Blanco, la presunta agente electoral, viajó a Argentina con un billete a cargo de la Secretaría General de Emigración para ver a una hermana que estaba en Vimianzo (A Coruña), que fue contratada por una asociación que tenía una subvención de la Consellería de Trabajo para trabajar en Valdeorras (Ourense) y que sin embargo trabajó para otra asociación en otra provincia.

Además, la parte de hechos indica que María Isabel Blanco pasó cincuenta y tres días en Argentina, entre ellos los de precampaña y campaña electoral de las elecciones municipales de 2007, en donde coincidió y participó en actos electorales con su jefe, el representante de Unións Agrarias y candidato a la Alcaldía de Muxía en aquel momento, Félix Porto.

Ante estos hechos, PSdeG y BNG acuerdan en el dictamen en la parte de conclusiones que la concesión del billete no es el procedimiento "más adecuado" y "debe ser mejorado" y señalan que parece que hubo una "modificación sustancial" en la resolución de la concesión de ayuda a Viticultores do Castro, lo que habilita a la Xunta a continuar con el expediente informativo abierto.

Los grupos que apoyan al Gobierno establecen como recomendaciones que la Xunta regule la normativa de viajes al exterior en caso de necesidad y que se paguen con fondos del Ejecutivo gallego; que amplíe el contrato de patrocinio con la compañía Iberia a otras compañías interesadas y que se revisen las subvenciones concedidas para programas de cooperación para comprobar que no hay variaciones sustanciales en el objeto de las mismas.

Además, estos grupos recomiendan que la Xunta modifique la legislación electoral autonómica para que los votos del exterior se contabilicen tres días después de las votaciones, en lugar de ocho y que se modifique la Ley Orgánica del Régimen Electoral General antes de las próximas elecciones autonómicas para que los emigrantes voten en las mismas condiciones que las personas residentes en Galicia.

Por último, socialistas y nacionalistas proponen que la Xunta limite los viajes al exterior a partir de la convocatoria de elecciones autonómicas a aquellos casos de obligado cumplimiento o extrema urgencia.