La Fiscalía especializada en delitos económicos y la Fiscalía Antidroga de Pontevedra en colaboración con Hacienda han decidido dar un paso adelante en la lucha contra el blanqueo de capitales procedente de actividades ilícitas y han abierto varias investigaciones de oficio para conocer el origen de ciertos "incrementos patrimoniales extraordinarios y extraños que se están produciendo en esta provincia".

Así lo explicó el fiscal especializado en delitos económicos, Augusto Santaló, durante la presentación de la memoria del Ministerio Público en Pontevedra. Añadió que hasta el momento se realizaban investigaciones a raíz de anteriores operaciones antidroga, pero la novedad es que ahora se han abierto diligencias sobre varios enriquecimientos sospechosos de ciudadanos de la provincia cuyo origen parece no estar justificado. Según Santaló, se trata de casos "abundantes" y que "requieren investigaciones minuciosas y detalladas".

Algunas de las fortunas que están bajo sospecha ya están siendo investigadas en juzgados de Vigo, Vilagarcía y Cambados y anuncia que comenzarán a "dar frutos en breve". En la mayoría de los casos, añadió Santaló, la vinculación de estas presuntas tramas de blanqueo es con el narcotráfico, pero el fiscal no descarta "que puedan tener conexiones con otros delitos".

Fraude con el IVA

El fraude a través del blanqueo no es el único delito económico que persigue la Fiscalía. Santaló explicó que en 2007 se interpusieron un total de 6 denuncias contra empresas que defraudaron a la Hacienda Pública y la mayoría de ellas por fraudes relacionados con el IVA. Hizo hincapié en aquellos denominados del tipo "carrusel", un fenómeno que está reconocido por la UE como una de las modalidades delictivas que afectan de forma más grave a la capacidad recaudatoria del Estado.

Sin ir más lejos, puso el ejemplo de una sociedad viguesa, Mopavi, contra la que se interpuso una querella por fraude al erario público que asciende a unos cinco millones de euros. La complejidad de la red era tal que contaba con un entramado de sociedades que se extendía por diversos países en el extranjero.

Tanto Santaló como el fiscal antidroga, Marcelo Azcárraga, destacaron que el año pasado se continuó con el impulso a la lucha contra el blanqueo de capitales y con la tramitación de dos importantes golpes a las tramas de lavado de dinero como fue la operación "Cormorán" y el desmantelamiento de la red liderada por "Culebras" en Vigo.

En la primera de ellas, dirigida desde del juzgado de Caldas de Reis, ya se ha presentado escrito de acusación con 36 personas imputadas. El total del patrimonio incautado y "tasándolo por lo bajo", excede de los 15 millones de euros. En cuanto al segundo, se ha detenido a 13 personas, hay 20 imputados y el patrimonio incautado excede los 20 millones de euros. Además, "se ha procedido a la intervención de 32 promociones inmobiliarias".

Narcotráfico

Azcárraga también se refirió al incremento de los expedientes incoados por Fiscalía el pasado año en asuntos relacionados con el tráfico de drogas, que pasaron de 102 a 233. Aseguró que estas cifras no responden a un incremento en el consumo, "que se mantiene estable", sino más bien a un aumento de la presión policial sobre los grupos de narcotraficantes. De manera especial se refirió a las actuaciones en la zona transfronteriza de Tui, en la que aumentó el número de intervenciones, cuando en años anteriores apenas se producían operativos.

También destacó el desmantelamiento, por primera vez, de toda una infraestructura dedicada al desembarco de cocaína como fue la liderada por el ya condenado por narcotráfico, David Pérez Lago, hijastro de Oubiña.

El fiscal delegado de delitos telemáticos, Luis Uriarte, asegura que se produjo un incremento de este tipo de delincuencia que viene motivado por el incremento del número de usuarios de nuevas tecnologías. Los delitos más frecuentes son los fraudes económicos a través de la red (sobre todo el "phising"), seguidos de la pornografía infantil y los delitos contra la propiedad intelectual.

La fiscal Natividad Gurriarán destacó el peso que tienen los delitos urbanísticos en el área de Vigo. De las 65 diligencias informativas abiertas en lo que va de año, 35 son por delitos contra la ordenación del territorio.