Los jurados populares no garantizan una respuesta judicial adecuada para los delitos relacionados con incendios. Entre los fiscales de Medio Ambiente de Galicia hay unanimidad a la hora de considerar que la fórmula del jurado no sólo "no añade ninguna garantía", sino que "obstaculiza" la obtención de una sentencia "ajustada" a los hechos, una complicación más en un tipo de delito en el que suele resultar muy difícil reunir pruebas inequívocas para procesar al autor.

El fiscal coordinador de Incendios en Galicia, Álvaro García Ortiz, explica que este procedimiento resulta "caro", "lento" y problemático por las "dificultades" que entraña para un grupo de personas sin conocimientos jurídicos enfrentarse a la exposición de pruebas recopiladas por policía, agentes forestales y fiscales. "El análisis de la prueba es complejo pero no se trata de que no estén capacitados para entenderlo. Probablemente la culpa es nuestra por el lenguaje que utilizamos y el tipo de exposición de los hechos que hacemos durante el juicio", explica.

El carácter excepcional de estos procedimientos hace que la mayoría de los fiscales estén poco o nada familiarizados con los jurados, otro factor que en opinión de Álvaro García dificulta la marcha de este tipo de casos. "Un fiscal suele tener un procedimiento con jurado cada tres o cuatro años. Y aunque los especialistas en incendios hacemos algunos más, en general están muy poco preparados", asegura. Todos estos factores, sumados al encarecimiento que supone abonar dietas y desplazamientos a los miembros del jurado, explican la insatisfacción de los fiscales de incendios con los resultados de estos juicios en Galicia, una queja que aparece recogida en la última memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente.

En este documento, fiscales de toda España insisten en que someter al criterio de un jurado un incendio intencionado supone una "dificultad añadida" a un procedimiento que suele tener de por sí una "tramitación compleja", que normalmente juzga más de un hecho y al que se llega con un volumen considerable de pruebas y testimonios. Añadir a todos estos factores "la complejidad de la valoración de la prueba de indicios para un tribunal lego" hace que "la obtención de una sentencia ajustada a la verdad material sea considerablemente difícil".

La ley reserva el procedimiento del jurado popular para los incendios forestales intencionados, un delito menos frecuente que el de imprudencia grave, pero que suele motivar bastantes juicios, casi siempre relacionados con fuegos importantes o que pusieron en peligro vidas humanas. Los fiscales de Medio Ambiente gallegos, sin embargo, opinan que dejar de recurrir a un jurado popular en estos casos ofrecería mayores "garantías" y proponen que "en el futuro" se planteen las "reformas legislativas" necesarias para que puedan tramitarse por el procedimiento abreviado normal.

Otra alternativa sería explorar la vía de los juicios rápidos, un tipo de procedimiento que desde que empezó a funcionar en el año 2003 se ha ido perfeccionando y cada vez arroja mejores resultados. El fiscal de incendios de Galicia asegura que la rapidez de estos juicios -que deben resolver las faltas en menos de 72 horas y los delitos menores en 15 días- podría resultar muy ventajosa para agilizar casos que tengan una instrucción sencilla y estén penados con menos de cinco años de prisión. Así se ha hecho ya en la provincia de Pontevedra, donde Álvaro García asegura que el año pasado se celebraron los primeros juicios rápidos por delitos de incendio, una experiencia pionera en toda España y que se saldó con "buenos resultados".