Aunque no nos lo parezca, el agua es barata en Galicia. Ronda los 0,90 euros por metro cúbico. Una tarifa mucho más económica que en otras autonomías españolas y, sobre todo, que en otros países, en parte porque es un bien abundante. Aún así, hay ciertos procesos que no se repercuten en la factura, tanto por abastecimiento como por el saneamiento, que elevan el coste real del metro cúbico hasta los 1,09 euros, según un informe que acaba de elaborar Augas de Galicia como paso previo a la implantación en la comunidad de la Directiva Marco del Agua, con la que la UE quiere recuperar el buen estado de los recursos hídricos y que el consumidor pague lo que realmente cuesta. El recibo subirá en los próximos años, a partir de 2009, al menos un 20% para adaptarse a la legislación de Bruselas.

El análisis está realizado en base a la demarcación de Galicia-Costa, en la que tiene competencias la Xunta, y que recoge prácticamente toda el área de litoral de la comunidad, mientras que el interior de Lugo, la provincia de Ourense y una pequeña parte de Pontevedra -en general, las zonas bañadas por el río Miño- están bajo el dominio de la Confederación Hidrográfica del Norte. En todos los ayuntamientos comprendidos en esta franja se recogió información sobre precios y facturación del agua, a través de encuestas a las empresas que prestan este tipo de servicios y los ayuntamientos. El resultado, según el estudio, es que las estructuras tarifarias existentes "son poco adecuadas" desde el punto de vista de la "equidad" y como "estímulo de ahorro". Hay ayuntamientos que no facturan todavía en función del consumo y "otro importante número" tiene fijados mínimos, que se pagan exista o no gasto real. "La práctica totalidad -apunta Augas de Galicia- tienen una cuota fija, de forma que se aseguran unos ingresos mínimos por cliente, que cubran los costes fijos".

¿Y cuáles son los costes fijos? Sumando todos los servicios relacionados con el agua -captación, almacenamiento, transporte, distribución de agua potable y recogida, tratamiento y depuración de aguas residuales urbanas- en Galicia-Costa el coste unitario total fue de 1,09 euros por metro cúbico en 2006, lo que obligó a las administraciones y firmas concesionarias a desembolsar casi 180 millones de euros. De los que sólo se recaudaron con los recibos que recibimos cada dos meses 147,5 millones de euros. El abastecimiento es lo que más cuesta en todo el proceso, un 52% del presupuesto. El saneamiento se lleva el 48% restante.

El desequilibrio, de más de 30 millones de euros anuales, está en los costes que no se aplican a la tarifa doméstica e industrial: 11,9 millones de euros por captación, transporte y almacenamiento; otros 20,5 millones en distribución y tratamiento; y otros 11,6 millones en el servicio en general de abastecimiento. Se recupera, por tanto, sólo entre el 82% y el 88%, según la parte del proceso, del coste real de cada metro de cúbico que sale por el grifo.

Lo que ocurre en el sector agrícola y ganadero merece un capítulo aparte. "La concienciación -apunta Augas de Galicia en su análisis para la adaptarse a la directiva europea- acerca del uso responsable del agua y la necesidad de una adecuada organización y regulación se ve dificultada en al agricultura de Galicia-Costa y en general en el conjunto de la comunidad por la gran disponibilidad del recurso existente hasta el momento, tanto de agua superficial como de la susceptible de ser captada a través de pozos". En la mayor parte del territorio gallego no existe ningún sistema o método que permita controlar las dotaciones para riego, con lo que controlar las captaciones para el uso en explotaciones agrícolas es muy, muy complicado. También es cierto que la agricultura de regadío en Galicia -salvo en la zona del Miño en Pontevedra y en el 46% de los cultivos del interior- representa una "parte mínima" para toda la agricultura de la comunidad.

La aplicación a la factura del agua de los costes reales del servicio es una de las principales novedades que incluye la Directiva Marco de la UE. Y en ese principio se incluye no sólo los costes financieros propiamente dichos, también los costes medioambientales. Los derivados del impacto de la actividad humana. La normativa comunitaria es explícita en eso: "quien contamina paga". Por lo que abre la mano, fomenta que se recuperen costes recurriendo a las tarifas y los cánones medioambientales.

La Xunta trabaja ya, "partiendo del conocimiento de algunos problemas existentes en las masas de agua de Galicia costa", en la realización de una lista provisional de medidas, en las que se abarcan problemas que fueron detectados o espera que lo sean, como la depuración de aguas urbanas e industriales, el control de los purines del sector ganadero, los daños generados por las hidroeléctricas, el crecimiento urbanístico "desmesurado" y los sedimentos de las canteras y minas al aire libre.