La Unión Europea dará el martes una respuesta común al secuestro del Playa de Bakio, con la intención de que se impulse de una vez por todas una solución internacional al problema de los asaltos piratas en el mar, bajo la dirección de Naciones Unidas.
El Consejo de Asuntos Exteriores de los Veintisiete, que se celebrará en Luxemburgo, analizará el caso del barco con ocho tripulantes gallegos, cinco vascos y trece africanos secuestrado en aguas de Somalia y compartirá puntos de vista a petición española, informaron ayer fuentes de la presidencia de turno eslovena.
De este modo, el secretario de Estado de Relaciones para la Unión Europea, Diego López Garrido, se estrenará en sus nuevas competencias explicando al Consejo las medidas adoptadas por el Gobierno español para resolver el secuestro, en ausencia del ministro del área, Miguel Ángel Moratinos.
La presidencia eslovena expresó ayer su "preocupación por el caso español", y anunció que dirigirá una discusión en Luxemburgo en torno al caso concreto del atunero español, con el fin último de buscar un marco que evite en lo posible este tipo de incidentes en el futuro.
La piratería es un problema a escala mundial, por lo que para su solución es fundamental el papel de Naciones Unidas, a juicio de los Veintisiete.
La eurodiputada del PSOE Rosa Miguélez afirmó el pasado miércoles que había obtenido el compromiso de la Comisión Europea y de la Presidencia del Consejo de la UE de que desarrollarán un mecanismo de ayuda mutua contra casos de piratería marítima, como el del atunero vasco Playa de Bakio.
Según los datos que maneja la eurodiputada gallega, en los diez últimos años 3.200 marinos han sido secuestrados, 500 han resultado heridos y 160 fallecieron. En 2007, se contabilizaron 263 actos de piratería, frente a los 239 del año precedente.
El Gobierno de Zapatero trabaja para liberar a los marineros retenidos en el Playa de Bakio y uno de los frentes en que se mueve es el diplomático. El Ejecutivo español está presionando a la UE y a la ONU para que se aborde de manera urgente el problema de la piratería y se garantice la libre circulación de personas y mercancías en el mar.
El Gobierno central insiste ante la ONU en "la necesidad de que la comunidad internacional actúe de manera conjunta y coherente, bajo la égida de Naciones Unidas, a fin de prevenir y castigar" los secuestros en el mar, que "constituyen una amenaza para la seguridad del tráfico marítimo internacional" y "contribuyen a desestabilizar la región".
