El secuestro del Playa de Bakio marcará un antes y un después en la pesca del atún rojo en el Océano Índico. Los armadores españoles -en su mayoría vascos y algunos gallegos- no están dispuestos a poner en peligro las vidas de sus tripulaciones y ordenarán a los barcos a su mando que se mantengan a más de 350 millas de la costa para garantizar su seguridad, al menos en las aguas que el Cuerno de África. Las casas armadoras aseguran que esta medida repercutirá negativamente en las capturas, ya que el litoral somalí es "una de las zonas más ricas" de este caladero para la captura de esta especie migratoria, y advierten de que también afectará al precio final del pescado, que tenderá a subir por la presión que el precio del combustible ejerce cada vez más en el coste de explotación de los buques.

Los veintiséis atuneros españoles que faenan en el Índico tienen su zona de pesca fijada entre las islas Seychelles y las costas de Somalia, Kenia, Mozambique y Madagascar -en estos dos últimos países llevan a cabo las tareas de reparación y aprovisionamiento-, donde los atunes se concentran en grandes bancos en la superficie y los barcos españoles los capturan con la modalidad del cerco. "En otras zonas del Índico, más cerca de Indonesia, el atún está más disperso y es inaccesible para nuestra flota", explica Julio Morón, gerente de la Organización Profesional de Grandes Atuneros Congeladores (OPAGAC). Es precisamente frente a las costas de Somalia, las aguas más peligrosas del mundo, donde la concentración de pescado es mayor.

Alejar a la flota atunera de la costa es la primera medida que llevarán a cabo los armadores españoles, aunque eso no los eximirá de todos los peligros. Morón asegura que el Playa de Bakio faenaba más allá de las 240 millas de costa somalí, bastante alejado de sus aguas jurisdiccionales, y que fue abordado igualmente. "La solución es complicada: o acabamos con el problema de raíz o no estaremos exentos del riesgo aun pescando por fuera de las 300 millas", apunta. Pese a todo, las casas armadoras ya han dado órdenes en este sentido. "Tenemos que evitar la zona lo máximo posible", apostilla Morón.

Otras medidas propuestas por las empresas es mantener la comunicación en todo contacto con el resto de barcos del caladero, abandonar la zona a la mínima señal en el radar de que una embarcación se aproxima al atunero -estos buques alcanzan velocidades superiores a los 16 nudos-, y seguir reclamando cobertura militar al Gobierno español. El sector asegura que las persecuciones se han convertido en algo frecuente en los últimos diez años en este caladero africano, y que para que un abordaje tenga éxito tiene que producirse un despiste por parte de la tripulación o un error en los radares de los atuneros.

No obstante, los armadores aseguran que la piratería es un problema que trasciende al sector pesquero, y que afecta también al tráfico de pasajeros y de mercancías. OPAGAC apuesta en este sentido por una actuación "internacional" para erradicar el problema de raíz.