X. A. Taboada / Santiago

A las voces que cuestionan la oportunidad de las normas del hábitat, cuyo decreto entrará mañana en vigor, se sumó ayer también la patronal gallega. El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Antonio Fontenla, apuesta por una "moratoria" en la aplicación de las polémicas normas, máxime en una situación de desaceleración económica, para que no afecte a la construcción de las viviendas. No obstante, la Consellería de Vivenda descarta paralizar, aunque sólo sea temporalmente, la entrada en vigor de las normas.

Fontenla entiende que una moratoria "sería bueno", porque eso daría tiempo a encontrar una solución a los problemas que el decreto está generando y al que se oponen, además de los empresarios, parte de los arquitectos gallegos, los promotores inmobiliarios y los alcaldes del PSOE y del BNG, que han recurrido la normativa por la vía judicial ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

"Todo lo que sea mejorar la vivienda es bueno, pero quizás no es ahora el momento más oportuno para poner en marcha estas medidas", comentó el presidente de la CEG, si bien indicó que cuando se empezó a trabajar con el decreto no se podía prever un escenario de desaceleración económica como el de ahora. "Así que habrá que buscar soluciones", declaró Fontenla.

Pero la conselleira de Vivenda, la nacionalista Teresa Táboas, no está por la labor y ayer volvió a descartar cualquier posibilidad de una moratoria, emplazando a la creación del comité asesor de habitabilidad como el órgano en el que deben dilucidarse todas las dudas sobre su aplicación y adoptarse las pertinentes correcciones. Ante las críticas de los alcaldes del PSOE, Táboas respondió que el decreto fue firmado por ella y por el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño

En todo caso, desde la consellería recuerdan que todos los sectores implicados en la edificación, incluyendo los regidores, sabían la fecha de entrada en vigor del decreto con tres meses de antelación, que como principales novedades establece unos pisos con dimensiones más amplias en todas las estancias.

Disputa política

Mientras tanto, el PSOE sigue defendiendo el derecho de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) a recurrir la normas ante la justicia y en demandar a la consellería de Vivenda y al área nacionalista de la Xunta que escuchen a los alcaldes. "La Fegamp defiende sus intereses, a veces teniendo más razón y otras menos, pero tiene derecho a manifestar su opinión", insistió ayer el secretario de Organización del PSdeG-PSOE, Ricardo Varela, quien invitó a Vivenda a aceptar la actitud de la federación municipalista, "tanto cuando gusta como cuando no".

En todo caso, Varela apostó por resolver las diferencias mediante "el respeto y el diálogo".

En el mismo tono se manifestó también el portavoz del grupo parlamentario socialista, Ismael Rego, amparando la postura de la Fegamp y su autonomía, "sin que nadie pretenda tutelarla", en clara referencia al vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, quien reclamó a la Fegamp que "reconduzca" su actitud.

Por su parte, el presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, reprochó que en "plena crisis de la construcción" se produzca una "pelea más" entre los socios del bipartito y reclamó la retirada de las normas del hábitat con el objeto de negociar un nuevo texto que aporte "estabilidad al sector".

Pero no todo es oposición al decreto. A favor del decreto expresaron su apoyo la asociación ecologista Verdegaia, la Confederación Galega de Persoas con Discapacidade y también el Colegio de Arquitectos de Galicia, si bien con el matiz de que partes del decreto deben ser "aclaradas" y con soluciones para problemas concretos.

No obstante hay una división clara en el colectivo, porque los colegios de arquitectos de Ourense y de A Coruña se mostraron totalmente contrarios a la aplicación del decreto.