A Galicia le faltan recursos para poder llenar las arcas públicas. Menos rica que otros territorios, con menos población también, se nota sobre todo en la recaudación de los impuestos, tanto los que tiene asumidos totalmente como de los que cobra una parte, y que proporcionan sólo el 50,1% del dinero que necesita para costear los servicios que presta a los ciudadanos. Por eso a la Xunta no le gusta nada que se vayan a publicar las balanzas fiscales de la comunidades y mucho menos que se tengan en cuenta para renegociar el modelo de financiación autonómica. El actual deja claro lo lejos que está Galicia de la autosuficiencia financiera, con lo que un nuevo esquema de reparto de fondos estatales donde la región que más aporte sea también la que más reciba como reclaman algunos Gobiernos regionales perjudicaría, y mucho, la estabilidad de la Administración gallega.

Galicia está junto con Extremadura -que cubre con los gravámenes el 37% de sus ingresos- y Canarias -que no llega al 29%- a la cola en recaudación tributaria en España, una de las principales bazas de la financiación autonómica, según un reciente informe del Instituto de Estudios Fiscales, vinculado al Ministerio de Economía, y basado en las liquidaciones presupuestarias de 2005. Las tres, muy apartadas además del 66,6% de media nacional en la tasa de cobertura de gastos, siempre dentro de las autonomías del régimen común, sin contar con País Vasco y Navarra, que cuentan con un sistema de financiación diferente. Muy cerca de la posición de Galicia se encuentran Castilla-La Mancha y Andalucía, con un 50,4% y un 52,3%, respectivamente.

A través de los impuestos cedidos y los territorializados, la comunidad obtuvo hace dos años 3.259,10 millones de euros, cuando lo que realmente necesitaba para poder costear todas las competencias del Gobierno central que tiene bajo su batuta eran más de 6.500 millones. Desequilibrios que en toda España únicamente Madrid, con casi un 2% más de ingresos que de gastos, y Baleares, la más autosuficiente con un 10%, consiguen corregir.

Una radiografía con muchos contrastes que también se puede ilustrar en función de los habitantes. Con todos los criterios que exige el esquema que sigue el Estado para dar de comer a las comunidades -porcentaje de población, la superficie, la dispersión, la proporción de personas que superan los 65 años y las peculiariades de ser una isla en el caso de Baleares y Canarias-, la capacidad fiscal de Galicia es de 1.103,48 euros por habitante, frente al promedio de 1.395,6 en el conjunto de España. Con este baremo, además de Baleares (1.879,06 euros por residente) y Madrid (2.046,82 euros), están por encima del índice nacional la Comunidad Valenciana (con 1.411,45), Cantabria (1.426,56), Aragón (1.461,24) y Cataluña (1.731,10 euros).

Y entra en escena el Fondo de Suficiencia, con el que el Gobierno central pone la guinda a su distribución para hacer el sistema solidario, estable, integrado y suficiente, los principios que inspiran el modelo de financiación todavía en vigor. Se calcula teniendo en cuenta las necesidades de gasto que tiene cada comunidad para la prestación de servicios -desde la educación, a la sanidad, pasando por la asistencia social o la justicia- y las posibilidades que realmente tiene para recaudar mediante los impuestos. El instrumento de reequilibrio es el que tiene mayor peso en la estructura interna de las fuentes de financiación -una media del 33,2% del total de los recursos-, con las correspondientes variaciones entre las autonomías.

En los últimos puestos en ingresos fiscales, Galicia es una de las que mayor dependencia tiene de este tipo de fondos. La segunda que más recibió, concretamente, durante el ejercicio de 2005. Más de 3.200 millones de euros que representaban el 49,4% del dinero que llegó a sus manos desde la Administración central, y el 14,2% de todo el Fondo de Suficiencia repartido entre las comunidades.

Con este difícil puzzle de ingresos y gastos y realidades sociales y económicas tan alejadas, la polémica para perfilar un nuevo sistema de financiación autonómica está servida. El propio Instituto de Estudios Fiscales evita hacer "comparaciones en el trato" recibido por las comunidades, aunque en otro estudio elaborado tras la última reforma del modelo en 2002 exigía más peso para los tributos regionales. Eso es, precisamente, lo que reclama el Gobierno gallego de cara al debate en el Consejo de Política Fiscal. Ingresar más por el Impuesto de la Renta, el IVA y las tasas especiales, tres de los tributos cedidos sólo parcialmente.