Los constructores de Lugo ven una amenaza a su actividad en las normas del hábitat gallego. De hecho, ayer incluso advirtieron del riesgo de tener que trasladarse fuera de la comunidad autónoma por la "inseguridad jurídica" que existe en Galicia, según argumentó el presidente de la Asociación Provincial de Constructores (APEC), Hipólito Trinidad.
A juicio de los constructores, la entrada en vigor de normas como la ley de medidas de protección de litoral; la futura ley de vivienda que se está tramitando en el Parlamento gallego; y, sobre todo, las normas de hábitat, que entrarán en vigor esta semana, son cuestiones que provocan inseguridad jurídica "incluso en los casos de suelo urbano consolidado".
La APEC impulsó un estudio sobre el sector de la construcción en la provincia de Lugo, en el que, según su presidente, se refleja que el suelo urbano consolidado en más del 70% "no cumple" con la normativa del hábitat, por lo que los constructores tendrían que ir a la excepcionalidad de la ley, lo que conllevará que tendría que ser la propia Xunta la que tramite los proyectos este amplio porcentaje de terreno.
La única forma de que determinadas promociones puedan beneficiarse de la flexibilidad en la aplicación del decreto es a través del comité asesor de habitabilidad, órgano que se creará en menos de un mes y en el que habrá representantes de los sectores involucrados en el urbanismo. Por otra parte, la Consellería de Vivenda está ultimando una línea de ayudas para los ayuntamientos, dotada con un millón de euros, con el objetivo de subvencionar la contratación de personal técnico para supervisar la aplicación de las normas.
