La Fiscalía Superior de Galicia ha presentado un nuevo escrito ante el juzgado número 1 de Santiago en el que le solicita la remisión de toda la documentación de que disponga sobre la Cidade da Cultura y que requiera a la Fundación que aporte todos los documentos relativos a las obras que todavía no entregó.

Fuentes de la Fiscalía, que está estudiando detalladamente la documentación relativa a la gestión de la Ciudad de la Cultura, informaron a Efe del contenido de este nuevo escrito, presentado anteayer ante el juzgado compostelano que el pasado 22 de enero estimó el recurso del Ministerio Fiscal contra el sobreseimiento de causa sobre presuntas irregularidades en la gestión de la Cidade da Cultura durante el Gobierno del PP.

La documentación completa, que la Fiscalía pide que se envíe a los funcionarios policiales que están elaborando las pruebas periciales sobre las posibles irregularidades en la ejecución del complejo cultural del monte Gaiás, versa fundamentalmente sobre el informe del Consello de Contas y el dictamen de la comisión parlamentaria de investigación creada precisamente a raíz del órgano fiscalizador de la comunidad autónoma.

Asimismo, la Fiscalía emplaza al juzgado requerir a la Fundación de la Cidade da Cultura que aporte toda la documentación que aún guarda, ya que puede ser "significativa" por los "datos complementarios" que pueda contener.

El pasado 4 de febrero, la Fiscalía Superior de Galicia ya había informado de que estaba estudiando detalladamente la documentación relativa a la gestión de la Cidade da Cultura, y no descartaba solicitar más papeles para determinar cuáles son los puntos "más endebles" en la causa y concretar dónde hubo actividad delictiva.

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago, María Elena Fernández, reabrió en enero la causa sobre las presuntas irregularidades en la Cidade da Cultura durante el Gobierno del PP y no descartó la existencia de hechos "penalmente relevantes", aunque sólo como una posibilidad indiciaria.

En el auto consideró que la única diligencia útil era la pericial, propuesta por el Ministerio Fiscal, para concretar si alguna irregularidad administrativa mencionada en el informe del Consello de Contas, del desfase presupuestario y desvío económico, cabe "extraer hechos de relevancia penal". La reapertura del caso se produjo a petición de la Fiscalía, por el que el mismo juzgado había sobreseído anteriormente el caso alegando que no encontraba indicios de delitos penales.