La Federación Gallega de Municipios y Provincias (FEGAMP) ha interpuesto un anuncio de recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia contra las Normas del Hábitat Gallego de la Consellería de Vivienda.
La Comisión Ejecutiva de la FEGAMP, en su reunión del pasado mes de marzo, facultó a su presidente, Carlos Fernández, para interponer este recurso como un elemento más de negociación con el departamento autonómico para la defensa da autonomía local, que la organización municipalista considera que el decreto vulnera en algunos artículos.
En un comunicado, la Federación subrayó hoy que la presentación de este anuncio ante el tribunal competente abre un período de elaboración y presentación de la demanda de forma detallada, de aproximadamente un mes, y que aún no ha vencido.
"Ante la inminente entrada en vigor del decreto sobre habitabilidad, la FEGAMP, en el plazo correspondiente, presentará el desarrollo de la demanda contencioso administrativa contra el texto de la Consellería de Vivienda", añadió la misma nota.
El departamento autonómico está estudiando cómo aplicar el decreto del hábitat, que estipula la calidad en la construcción de las viviendas en Galicia, por lo que se revisarán los "ritmos" de esta norma, ante la actual coyuntura de dificultad económica.
Así lo apuntó ayer el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, preguntado tras el Consello de la Xunta por las reticencias de los promotores a estas normas, ya que entienden que encarece la construcción.
En opinión de la FEGAMP, las Normas del Hábitat Gallego "vuelven a afectar a los planes en redacción, lo que, a priori, va a implicar el incremento en sus plazos de aprobación, de lo que se deriva la paralización de los Ayuntamientos en este ámbito".
Según esta Federación, las Normas fueron aprobadas "con infracción de los principios de jerarquía normativa y competencia, con efectos lesivos para la autonomía municipal".
Asimismo, alegó que el detalle con que se regula la habitabilidad provocará "muchos casos de excepcionalidad" que la Consellería podrá atender "desde la discrecionalidad", mientras que los Ayuntamientos se encargarán de la inspección, que incrementará un coste adicional "para el que no existe apoyo financiero, vulnerando los principios en los que se asienta el Pacto Local en vigor", precisó.
