De la polémica regulación se habló también ayer en el Parlamento. Los grupos del PSdeG y del BNG rechazaron pedir a la Xunta que derogue el decreto de las normas del hábitat gallego, tal y como reclamaba el PPdeG, que alertó de que su aplicación, a partir del 17 de abril, conllevará un encarecimiento de la vivienda de entre un 25 y un 30%.

La nacionalista Carme da Silva y el socialista Luis Tojo defendieron que el texto legal introduce mejoras en la calidad de las viviendas y que fue elaborado a través del consenso. Precisamente, ésta fue una de las principales críticas del Grupo Popular, que solicitaba, a través de una proposición no de ley, una nueva normativa realizada previo debate con los sectores implicados. Pilar Rojo censuró el decreto por "irracional e improvisado", aunque dijo compartir el "objetivo global" de mejorar las calidades de la vivienda. Aseguró que su puesta en marcha implicará la paralización en la tramitación de los planes urbanísticos municipales, lo que consideró especialmente grave en el actual momento de "crisis" económica.

Desde el grupo nacionalista, Carme Da Silva afirmó que no son los precios de construcción los que provocaron el encarecimiento de la vivienda, sino la "especulación", y cuestionó los "intereses" por los que velan los populares en este asunto. "La Xunta defiende los intereses de los gallegos utilizando socialmente la vivienda, no para enriquecerse". Luis Tojo admitió que el incremento de las superficies mínimas aumentará el coste, pero advirtió de que el "problema principal" es el "sobrecoste, muchas veces injustificado por las calidades" de la construcción.