No sólo a las familias con hipotecas, a los constructores con pisos sin vender, a todos los negocios que dependen directamente de si el consumo se mantiene fuerte o no. A las administraciones les toca también rascarse el bolsillo con la crisis en la construcción y los efectos que sobre el sector y, en general, sobre la economía doméstica han tenido las continuas subidas de los tipos de interés y los precios. Por impuestos indirectos, que recogen las transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados -muy ligados a la actividad del ladrillo-, el IVA y otras tasas, como la que se aplica al alcohol, la Xunta prevé ingresar este año unos 2.688 millones de euros. Sólo un 2% más que en 2007. Nada que ver con los incrementos experimentados en los últimos ejercicios, por encima del 10%, coincidiendo con los periodos de mayor bonanza económica en la comunidad. Lo que supondrá que las arcas públicas dejen de recibir más de 200 millones de euros, el equivalente al presupuesto de la Consellería de Pesca (234 millones) o la de Medio Ambiente (214 millones).

Es cuestión de tiempo que se noten los efectos en las cuentas públicas gallegas. Aunque, matizan los expertos, quizás el impacto sea menor que en otras comunidades, o simplemente tarde más en notarse, porque aquí también el "boom" inmobiliario llegó con retraso y el peso de la actividad está a años luz de la zona de Levante, Andalucía o Madrid, con mercados de la vivienda muy fuertes. De hecho, para algunos gobiernos autónomos el parón de los ingresos por impuestos ligados a la compra de pisos se notó ya el año pasado. La Generalitat catalana, según sus propios cálculos, perdió más de 1.100 millones.

Las últimas cifras oficiales y completas sobre la recaudación fiscal en Galicia no muestran de momento señal alguna de la ralentización. Los impuestos indirectos -que representan casi una cuarta parte de los ingresos no financieros de la Xunta- se mantuvieron fuertes en 2007, con un incremento superior al 9%, en consonancia con el comportamiento global de la entrada de fondos a la caja gallega, que creció un 8,8%. La subida fue muy superior, casi el doble -algo más de un 16%- en el caso concreto del impuesto de transmisiones patrimoniales, que se paga, sobre todo, a través de la transacción de viviendas de segunda mano o la compraventa de vehículos usados. El que se aplica a los actos jurídicos documentados -como la constitución de un crédito hipotecario- experimentó un alza del 7%. Son los pesos pesados de este tipo de gravámenes, junto con el IVA, la tasa por excelencia para medir el consumo, que también registró una fuerte subida en comparación con 2006, de hasta un 14%.

¿Qué va a pasar este año? Las previsiones de la Xunta son discretas. Como aseguró el conselleiro de Economía, Xosé Ramón Fernández Antonio, durante la presentación esta misma semana del balance de ejecución presupuestaria, el Gobierno gallego apuesta por "una política de moderación y prudencia en las cifras". Y esas cifras, calculadas durante el pasado otoño y contempladas en los presupuestos del Ejecutivo autónomo para el actual ejercicio, dan por hecho un estancamiento de este tipo de impuestos. El incremento será de sólo el 2%. Los datos económicos conocidos hasta ahora explican el por qué: la venta de viviendas en enero en Galicia cayó un 21,7%, hasta un 37% en el caso de las usadas y un 17% la compra de coches en el primer trimestre.

Previsiones

En los próximos días, Economía hará pública su nueva previsión de crecimiento para la comunidad. El primer cálculo era del 3,5%. Ante los síntomas ya claros de recesión económica en toda España, Fernández Antonio insiste en que espera que se cumplan las previsiones de ingresos marcadas. Si efectivamente se cumplen, la balanza fiscal se mantendría en Galicia gracias al incremento, de casi un 17%, que se espera para los impuestos directos, donde se enmarcan el de sucesiones y donaciones y del patrimonio o los tramos que recibe la Xunta del impuesto sobre la renta. Alcanzarán, siempre según los cálculos contemplados en los presupuestos autonómicos, los 1.300 millones de euros, frente a los 1.100 de 2007.