La Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) reclamó hoy la ejecución "inmediata" de los planes de ampliación y crecimiento del Puerto, que incluyen obras para ganar más de 200.000 metros cuadrados de terreno al mar, y alegan que el pacto de Gobierno local, entre PSdeG y BNG, que rechaza expresamente los rellenos en la ría, "no es inamovible".

Así lo manifestó hoy el presidente de la CEP, José Manuel Fernández Alvariño, que aseguró que "hay que aplaudir y apoyar" los planes de crecimiento del Puerto, cuyas ideas centrales fueron presentadas la pasada semana. Asimismo, el representante de la patronal pontevedresa elogió el hecho de que el 70 por ciento del crecimiento del Puerto "se buscó en terrenos fuera del litoral, en el interior".

Fernández Alvariño recordó que la terminal viguesa "lleva seis años paralizada en algunas actividades", por lo que abogó por dar vía libre a la ampliación de los terrenos previa obtención del consenso necesario. No obstante, advirtió de que "el consenso necesario también significa actuar" porque Vigo "se juega su desarrollo económico y la adjudicación de la autopista del mar".

Con respecto a la condición del pacto de Gobierno local, en el que se especifica la "opinión contraria" de socialistas y nacionalistas a la ampliación del muelle del Areal, Fernández Alvariño manifestó su convencimiento de que "el pacto de gobierno no es inamovible" y subrayó que "no cabría en la cabeza de nadie que un pacto paralizase el puerto, y menos en esta época de crisis".

El presidente de la CEP afirmó que el acuerdo firmado entre PSdeG y BNG para gobernar en Vigo es una "declaración de intenciones" y aseveró que detectaba en el socio nacionalista del Gobierno "sensibilidad para una salida digna si hay menor agresión medioambiental". En todo caso, recordó que "en A Coruña se ganan cinco millones de metros cuadrados al mar y nadie dice nada".

Reclamaciones de la CEP

El presidente de los empresarios de Pontevedra hizo estas manifestaciones en una rueda de prensa en la que dio cuenta de las decisiones adoptadas por la patronal provincial en su reunión del comité ejecutivo, en la que plantearon nuevamente sus demandas y la necesidad de, una vez pasada la época electoral, "empezar a exigir el cumplimiento de compromisos".

En ese sentido, las exigencias de la patronal pontevedresa se centran en reclamar un "adelanto" de dinero en los próximos presupuestos generales para paliar el déficit de infraestructuras, en compensación por la deuda histórica con Galicia. A este respecto, insistieron en sus demandas para la llegada del AVE en 2012, la coordinación de los tres puertos de la provincia, la apertura 24 horas del aeropuerto de Peinador, o la mejora de la red viaria.

Fernández Alvariño advirtió de que "hay un período de crisis económica" que afecta especialmente a sectores como la construcción y la promoción inmobiliaria, por lo que reclamó más obra pública para compensar esta situación, y la aprobación de los planeamientos urbanísticos pendientes.

También pidió medidas para subvencionar el combustible o la creación de otros productos más baratos para apoyar a la pesca y al transporte, rebajas y supresiones de impuestos, la creación del juzgado y del registro mercantil en Vigo, y el apoyo a cuestiones como la logística, I+D+i, acuicultura, o energías renovables.

Otras demandas

Por otra parte, la CEP planteó su oposición al anteproyecto de ley en materia de drogodependencias y otras adicciones, por considerar "el vino como una droga", una consideración que, en su opinión, perjudica a un sector "muy importante en la economía de la provincia".

Asimismo, Fernández Alvariño manifestó su rechazo a la "imposición lingüística" del gallego en el marketing de los comercios, al tiempo que solicitó una "mayor flexibilidad" en la aplicación de la ley de ruidos, para que se tengan en cuenta al establecer los horarios de locales hosteleros.

Por otra parte, los empresarios pidieron "que se apruebe de una vez" la creación del Area Metropolitana de Vigo, como un ente supramunicipal con una población de entre 500.000 y 600.000 habitantes y con "personalidad jurídica propia".