La Consellería de Medio Ambiente ha dado un mes de plazo al Concello de Sanxenxo para que revoque el acuerdo por el que se aprobó de forma definitiva el plan parcial para el desarrollo del Suelo Urbanizable 22, que supondría la construcción de 161 viviendas unifamiliares en las cercanías de la playa de Major, en Noalla. Esta resolución, remitida por escrito al consistorio el pasado jueves, es el paso previo a la presentación de un recurso contencioso-administrativo entre ambas instituciones.
Se trata del complejo residencial más importante previsto en la costa sanxenxina. Está promovida por la inmobiliaria del presidente del Pontevedra Club de Fútbol (Nino Mirón S.L.), los propietarios del circuito París Dakart y 88 vecinos, dueños de parte de los terrenos, situados dentro de la franja protegida por la Lei do Litoral.
La Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible consideran que la ejecución de dicho plan podría tener "efectivos significativos" sobre el agua y el entorno natural, así como producir emisiones contaminantes de relevancia. Por esta razón, la consellería transmitió el pasado mes de febrero a la administración local la necesidad de llevar a cabo una "avaliación ambiental estratéxica" referente a la urbanización.
A pesar de esta advertencia, el pleno de la corporación municipal aprobó en una sesión extraordinaria del 7 de mayo, en vísperas de la aprobación en el Parlamento de la Lei do Litoral, el SU 22. La decisión no fue ni mucho menos unánime. El BNG fue el único grupo que alertó de las posibles "consecuencias penais" que podía conllevar la decisión y votó en contra. Incluso llegó su portavoz, Roberto Fernández Lores, reclamó que la votación de este punto fuese nominal. Los socialistas optaron por la abstención, pero la mayoría popular permitió sacar adelante la iniciativa.
La discrepancia obedece a las distintas interpretaciones realizadas por los grupos políticos. El PP manifestó en su momento que la Xunta había recibido en agosto de 2006 el expediente completo sobre esta actuación sin emitir, hasta la fecha, ninguna apreciación. Este hecho fue traducido por el equipo de Catalina González como silencio administrativo, lo que permitiría continuar con los trámites, y así lo confirmó un informe de una consultora.
"Específicamente informado"
Medio Ambiente reconoce que recibió la documentación en agosto del pasado año y que por ese motivo informó al Concello en febrero de 2007, seis meses después, acerca de la obligatoriedad de efectuar un estudio sobre el impacto ambiental del proyecto, como estipula la Lei 9/2006. Precisamente ese mismo mes de agosto el Concello fue "específicamente informado mediante unha circular" de la entrada en vigor de dicha normativa.
La inexistencia de un informe de sostenibilidad ambiental o de una memoria sobre el impacto ecológico son argumentos suficientes para que el acuerdo plenario sea declarado nulo de pleno derecho, tal y como estima la consellería que, de hecho, defiende su legitimidad para impugnar aquellos acuerdos adoptados por un ente local que infrinjan el ordenamiento jurídico.
