La futura Ley de Servicios Sociales servirá también para atajar la picaresca de quienes falsean datos para beneficiarse de algún tipo de prestación social o tener acceso preferente a un centro de mayores o a una guardería. Esta normativa contempla por primera vez sanciones a los usuarios que mientan sobre sus circunstancias personales o los requisitos que se les exigen. Estas infracciones podrán ser castigadas con la suspensión temporal del servicio que se le ofrece por un periodo de tres meses.

Si la falta es más grave se le podrá quitar la plaza pública o la ayuda que recibe. Ésta será la sanción que se imponga a aquellos beneficiarios que dejen de pagar el servicio o agredan o maltraten al personal que lo atiende o a otros usuarios.

También se endurecen los castigos a los centros encargados de prestar el servicio, ya que en caso de infracción leve antes se realizaba un simple apercibimiento a la entidad mientras que con la aprobación de esta ley podrán ser multados con hasta 3.000 euros.

Ésta puede ser la sanción que recaiga, por ejemplo, sobre una residencia de ancianos o una guardería por falta de limpieza en el centro, aunque esto no suponga riesgo para la salud de los usuarios. Las infracciones más graves pueden alcanzar multas de hasta 60.000 euros y derivar en el cierre de la entidad.