El acceso a los servicios sociales quedará regulado en Galicia a imitación del sistema sanitario público. Para entrar a una residencia de ancianos, encontrar plaza en una guardería o beneficiarse de algún tipo de prestación económica será necesario disponer de una tarjeta que la Vicepresidencia da Igualdade e Benestar repartirá entre todos los gallegos. Cada ciudadano tendrá además un trabajador social de cabecera y un centro de referencia al que acudir en caso de que lo necesite. Estas directrices aparecen recogidas en el borrador de la Ley de Servicios Sociales de Galicia que, según las previsiones del departamento de Anxo Quintana, será aprobada por el Parlamento a finales de este año.

Esta norma afectará a toda la red gallega de geriátricos, guarderías, centros de menores y discapacitados, así como al abanico de ayudas existentes para colectivos desfavorecidos. Las prestaciones sociales ofrecidas tanto por la Xunta como por los municipios serán gestionadas a través del nuevo Instituto Galego de Servicios Sociais.

Este organismo se hará cargo de los equipamientos y las prestaciones económicas que se concedan. Será además el responsable de formalizar los convenios y de otorgar las subvenciones a los municipios. El recién creado Consorcio de Servizos de Igualdade asumirá la coordinación de las acciones que lleven a cabo Administración gallega y ayuntamientos.

El borrador de ley obliga además a todos los municipios a asegurar "como mínimo" los servicios sociales básicos. Para ello esta normativa fija que aquellos ayuntamientos de más de 20.000 habitantes deben consignar en sus presupuestos un porcentaje mínimo del siete por ciento para financiar este tipo de prestaciones asistenciales. Si tienen menos de 20.000 vecinos el porcentaje oscilará entre el cuatro y el seis por ciento.

La Xunta queda también comprometida en sus presupuestos a destinar un siete por ciento anual a servicios sociales. Otra vía de financiación que se contempla son las propias aportaciones de los usuarios, que ya ahora destinan parte de sus ingresos para acceder, por ejemplo, a residencias de ancianos o guarderías. Según recoge el borrador, se fijará "un sistema de servicios públicos, sin prejuicio de garantizar la gratuidad y la universalidad en la prestación de los servicios sociales".

La atención a la infancia quedará centralizada en la Agencia de Atención a Menores. Esta entidad se hará cargo de los niños que se encuentren en situación de riesgo o desamparo y gestionará los recursos existentes para ejecutar las medidas dictadas por los juzgados de menores.

Con la aprobación de esta ley todas las entidades que presten servicios sociales en Galicia, sean de carácter público o privado, deberán inscribirse además en un registro que controlará y supervisará Vicepresidencia.