Las oficinas administrativas de la delegación de la Consellería de Innovación e Industria, ubicadas en las tercera y cuarta planta del edificio Torre, en la calle Curros Enríquez, se encuentran bajo la amenaza de cierre, después del acuerdo adoptado por el Concello de Ourense, alegando que estas instalaciones no tienen la licencia de apertura.

Así, la Junta de gobierno local, en la reunión del 14 de marzo, acordó por unanimidad requerir a la Consellería de Innovación e Industria de la Xunta de Galicia, para que "cese de inmediato en el ejercicio de la actividad de las oficinas, por carecer de la perceptiva licencia de apertura, conforme a la reiterada doctrina jurisprudencial, y con el apercibimiento de cierre y precinto en caso de incumplimiento".

La notificación de este acuerdo municipal tuvo entrada en el registro de la delegación de Industria el pasado viernes, 23 de marzo, a la vez que le fue remitida al jefe de la sección de Minas de la delegación, Ángel Rodríguez Martínez, que en su momento presentó sendas denuncias por la situación en que se encuentran las oficinas.

El concejal de Gobernación y secretario de la Junta de gobierno, Aurelio Gómez Villar, dejó claro ayer que el Concello "no tiene interés en cerrar esas oficinas", y que en estos momentos técnicos municipales y de la propia delegación de Industria "buscan soluciones para legalizarlas".

Además, subraya la "voluntad de Industria" de adaptarse a la legislación vigente, de ahí que el Gobierno local considere oportuno dar un plazo de tiempo para encontrar una solución temporal al problema.

A este respecto, el delegado provincial de Industria, Xosé Antón Jardón Dacal, manifestó ayer su convicción de que "es legalizable", además de indicar que estas oficinas "llevan funcionando 40 años", y recuerda que su apertura data del año 1966.Un planteamiento con el que no está de acuerdo el funcionario denunciante, que considera que se trata de una resolución ejecutiva -el acuerdo de la Junta de gobierno del Concello-, por lo que se debe proceder de inmediato al cierre de las oficinas, independientemente de que el acuerdo pueda ser impugnado por Industria.Ángel Rodríguez sostiene que las instalaciones no se pueden legalizar, debido a que el edifico "no reúne las condiciones exigidas por el Plan Xeral".