La Asociación Eólica de Galicia, que agrupa al 90% de la potencia eólica instalada en Galicia, se reunió ayer para analizar el nuevo decreto de la Consellería de Innovación por el que, entre otras cosas, pretende reservar para la Xunta el 10% del capital social de los nuevos parques y evitar la concentración del sector. Su respuesta ha sido encargar un estudio jurídico para comparar la futura normativa gallega con la española y la existente en la UE a fin de encontrar puntos de colisión y contradicciones y encontrar argumentos para rebajar las pretensiones de la Administración autonómica.

El decreto de la Xunta no gusta nada a la patronal eólica, que se declara "preocupada" por el nivel de intervencionismo y considera que es "manifiestamente mejorable" el texto elaborado por la Consellería de Innovación.

Lo que más preocupa a la Asociación Eólica de Galicia es la obligación de entregar a la Xunta el 10% de la participación social en cada nuevo parque eólico que se autorice, que se impongan límites a la concentración y que los concursos sean abiertos, lo que para el sector supone que en cada proyecto de parque concurran diez o doce aspirantes y, en consecuencia, se alargue todo el proceso de forma innecesaria.

Desde Uruguay, donde se encuentra de viaje oficial, el conselleiro de Innovación e Industria, Fernando Blanco, aseguró que el proyecto de decreto para regular el aprovechamiento eólico "está muy trabajado y admitirá pocas modificaciones" y destacó que el punto de que "haya una parte de retorno a Galicia es imprescindible y no es discutible".

Blanco restó importancia a que el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, y el conselleiro de Economía, José Ramón Fernández Antonio, comentaran que se trata de "un borrador", pues recordó que él mismo dijo que lo era, pero insistió en que no se cambiará que la Xunta reciba al menos un 10% de los beneficios que genera cada concesión eólica.

En su opinión, llegó el momento de poner fin a estas prácticas de que "una empresa llegue, se lleve todo y ni siquiera cotice en Galicia", por lo que defendió que la implantación de este tipo de industrias produzca un beneficio a la sociedad, "ya que ésta es la que sufre también su impacto".

Preguntado por las manifestaciones del PP que criticó que esta medida va contra el libre mercado, Blanco rechazó que sea así, recordó que el decreto no fija cómo tiene que ser la participación pública y dijo que su departamento fue, incluso con el actual decreto elaborado por el Gobierno del PP, "capaz de que los promotores aportasen a la Xunta una parte de sus beneficios". Además, recordó que el nuevo decreto evitará la especulación y "acabará con el dedo mágico".