M. B. / J. L. A. / A Coruña

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña aclarará si el ex alcalde y embajador de España ante la Santa Sede, Francisco Vázquez, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Antonio Fontenla, se beneficiaron del tráfico de influencias denunciado por la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y por el que, de momento, serán llamados a declarar como imputados el director xeral de Industria, Enerxía e Minas durante el último Gobierno del PP, Ramón Ordás Badía, y su cuñado el empresario Luis Castro Valdivia.

El responsable de las diligencias del Ministerio Público, el fiscal José Ramón Piñol, acompañó su denuncia ante el juzgado de diversa documentación sobre las empresas vinculadas a la mujer y a los hijos de Francisco Vázquez, el presidente de la patronal y Castro Valdivia, quien en el tiempo que su familiar ocupó un alto cargo en la Xunta logró licencias para explotar nueve minicentrales hidroeléctricas y siete parques eólicos.

Entre las 35 empresas energéticas en las que el cuñado de Ordás Badía tiene responsabilidades se encuentra Hidroeléctrica del Arnoya, una sociedad que, tras diversas operaciones, pasó a ser controlada por María del Carmen de la Iglesia y Elena y Francisco Vázquez, quienes poseen el 50% de las acciones a través de la sociedad patrimonial Iglevaz. Esta compañía fue constituida por el presidente de la patronal gallega en 1998 y transmitida cuatro años después, cuando ya poseía la mitad de la hidroeléctrica, a la familia más directa del entonces regidor, con lo que le franqueó la entrada al sector energético.

Iglevaz, al igual que la mayoría de las empresas energéticas en las que participa Castro Valdivia, tuvo su sede social en el número 1 de la calle Fama -donde el cuñado de Ordás Badía tiene su domicilio- y en el 6 del Cantón Grande, direcciones a las que el fiscal se refiere en su denuncia para poner de relieve los escasos recursos materiales de las compañías implicadas en la trama energética, que, sin embargo, han obtenido importantes autorizaciones para explotar minicentrales y parques eólicos en Galicia.

Sin empleados

La otra mitad de Hidroeléctrica del Arnoya, una empresa que según sus balances contables no tiene empleados, se la reparten Gespifont (propiedad de Fontenla, su mujer y sus hijos) y Luis de Valdivia S.L. (de la que Castro Valdivia posee todas las acciones). La compañía energética en la que los Vázquez concentran sus intereses en el sector de las energías renovables comenzó su actividad con dos minicentrales hidroeléctricas en los ríos Corzán y Xallas, en los municipios de Negreira y Serras de Outes, pero en el año 2004 decidió dar el salto al negocio de la energía eólica.

En julio de ese año, tal como consta en los expedientes remitidos a la Fiscalía del TSXG por la Consellería de Industria, Hidroeléctrica del Arnoya solicitó a la Xunta autorización administrativa para emplazar instalaciones electromecánicas en el parque eólico denominado O Chao, en los municipios lucenses de Muras y Ourol. El proyecto recibió el visto bueno de las Consellerías de Industria y Medio Ambiente en diez meses y el 14 de julio de 2005, cuando el PP ya había perdido la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas, el Consello de la Xunta aprobó la autorización definitiva para el proyecto, que en la actualidad está pendiente, según consta en la denuncia del fiscal, de que se apruebe la declaración de utilidad pública del proyecto, en el que la hidroeléctrica se comprometió a invertir 10,4 millones de euros para crear un parque de cuatro aerogeneradores.