La futura ley de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, que se aprueba el próximo martes en el Parlamento, establece el derecho a indemnizaciones de los propietarios de los terrenos donde las urbanizaciones tengan que construir sus fajas de protección de 50 metros para prevenir los incendios. Ésta es una de las novedades que incorpora la futura norma tras su debate en la Cámara autonómica. Es el resultado de una enmienda conjunta de nacionalistas y socialistas, y establece que los dueños del espacio de los perímetros de protección podrán ser indemnizados por "daños y perdidas, así como por el lucro cesante".

Según la futura ley, que estará en vigor este verano, las urbanizaciones en zonas de influencia forestal deberán, entre otros requisitos, contar con "una faja de protección de 50 metros de ancho a su alrededor, libre de vegetación seca y con la masa arborea aclarada". Los propietarios de la urbanización asumirán el coste de la operación, y si no son los dueños de los terrenos de la faja de protección, se establecerá una servidumbre forzosa para acceder a la misma, y esta servidumbre "podrá dar derecho a una indemnización".

El proyecto de ley original ha sido enriquecido con las aportaciones de una treintena de enmiendas firmadas conjuntamente por los dos partidos que apoyan a la Xunta. También fueron aceptadas una veintena del PP y transaccionadas unas once, de un total de 225 que presentó. Ayer la oposición anunció que votará en contra del proyecto, y lo derogará si regresa al poder.

Otra de las incorporaciones de última hora es que los propietarios de fincas forestales con seguro de incendios tendrán preferencia para acceder a los incentivos que repartirá la Xunta para adoptar medidas de prevención contra los incendios, y para recuperación de zonas arrasadas por el fuego.

La futura ley crea la figura de la unidad de gestión forestal, un mecanismo para superar el minifundismo y buscar rentabilidad al monte, que contará con el apoyo y la asesoría de la Xunta. Podrán crear una unidad así los propietarios que superen el 50% de la superficie de las parcelas forestales que forman una extensión contigua mínima de 15 hectáreas. El 51% podrá imponer al 49% la gestión y el tipo de aprovechamiento del terreno forestal, pero el objetivo es que la iniciativa liderada por unos arrastre al resto a la vista de los posibles beneficios. Es la solución alternativa a la concentración parcelaria, más costosa y lenta. Como proyecto piloto, la Consellería de Medio Rural quiere impulsar este año una unidad de gestión por provincia.